Durante los años cincuenta y sesenta las izquierdas com...
En momentos en que la libra de cobre supera los US$ 4 y las posibilidades de nuestro país de seguir creciendo a tasas altas y seguir reduciendo pobreza simplemente se multiplican, creemos que el nuevo Ejecutivo a instalarse el próximo 28 de julio, en el acto, debería relanzar el proyecto Tía María en Arequipa. A nuestro entender sería una manera directa de comunicar a la sociedad peruana, a los arequipeños y la comunidad internacional que el ciclo virtuoso de las inversiones en cobre retorna al Perú.
En este contexto vale recordar el enorme potencial minero que tiene el Perú: tercer país del mundo con mayores reservas de cobre y una cartera nacional de inversiones mineras de cerca de US$ 60,000 millones, de las cuales más del 60% son en cobre. Si se concretará nuestra cartera inmediata de proyectos, el Perú podría crecer en 5% anual –pese a la crisis– y reducir la pobreza por debajo del 10% de la población.
Vale recordar que Tía María ha obtenido la licencia de construcción, confirmada por el Consejo de Minería –(CM), organismo del Ministerio de Energía y Minan (Minem)– después de un intento de revocarla. No obstante, existe una supuesta presión popular, organizada por sectores del radicalismo antiminero con propósitos claramente antiperuanos: destruir la economía nacional para crear ambientes de malestar y violencia. En la práctica, los pobladores de la provincia de Islay, donde se realizará el proyecto, están secuestrados por dirigencias que coordinan con las oenegés del ambientalismo ideológico.
En la Red Muqui –conglomerado antiminero de marianistas, pastorales y vicariatos– se señala que el proyecto Tía María ha sido consultado a la población y rechazado por la mayoría. “No tiene licencia social”, se asegura. Asimismo, se afirma que el proyecto es “técnicamente inviable por los impactos ambientales y la contaminación del agua”. Mentiras de este calibre son repetidas constantemente por distintos medios, creando una percepción ciudadana contraria al aprovechamiento de los recursos naturales.
Si el CM ha confirmado la licencia de construcción de mina de Tía María es porque cumplió con todos los requisitos de ley para iniciar sus actividades. Los antimineros promueven la denominada “licencia social” con el fin de someter al voto los proyectos de inversión. Con violencia han bloqueado talleres informativos y audiencias públicas, para aparentar la disconformidad de la población.
Asimismo se debe señalar que los proyectos de inversión son sometidos al escrutinio popular durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En los talleres informativos, los pobladores tienen la oportunidad de cuestionar lo que consideran inviable y que atenta contra sus intereses. El EIA es presentado en audiencia pública con la participación de los pobladores y las autoridades locales y nacionales correspondientes. Si Tía María no tuviera licencia social, su EIA no hubiera sido aprobado y, en consecuencia, no tendría una licencia de construcción confirmada.
Los estándares internacionales más altos gobiernan las actividades extractivas. Las normas nacionales son todavía más estrictas. La luz verde de las inversiones pasa por la responsabilidad social y ambiental de los proyectos. En su afán de detener a Tía María, los dirigentes que se oponen a la minera recrean escenarios de separación entre la minería y agricultura. Pero es todo lo contrario: diversos proyectos agrícolas, ganaderos y acuícolas en la zona andina, se desarrollan gracias al apoyo de la minería, con la construcción de reservorios de agua, asistencia técnica e instalación de equipos y plantas productivas. La tradición agrícola-minera debe continuar.
Tía María es la gran oportunidad de Islay y el sur peruano. El proyecto de clase mundial, amigable con el medio ambiente, cumple con todas las normas ambientales. En 20 años, con los S/ 5,600 millones de aporte por canon y regalías se podría construir 7 hospitales y 17 centros de salud, 183 colegios, 220 kilómetros de redes de agua potable, 300 kilómetros de vías asfaltadas y 4 millones de metros cuadrados con sistema de riego tecnificado. El presupuesto de Islay puede llegar hasta los S/ 100 millones al año. ¡Cuántas otras obras se podrán realizar!
Pero Tía María sigue secuestrada. Durante la gestión de Martín Vizcarra, el mismo gobierno complotaba contra el bienestar de los más pobres. Vizcarra fue grabado coordinando la paralización del proyecto, en lugar de promover el desarrollo de la economía. ¡Esto no debe volver a suceder! Con el nuevo Gobierno del Bicentenario las inversiones y el trabajo deben regresar. Disminuir los niveles de pobreza, desempleo e informalidad es el gran reto.
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