Durante los años cincuenta y sesenta las izquierdas com...
Cualquier extranjero que observe la situación en Las Bambas, el mayor megaproyecto de cobre del Perú, se quedaría estupefacto ante la ausencia del Estado de derecho en la zona minera. La ausencia de Estado y autoridad se produce en precisos momentos en que la libra del cobre se dispara sobre los US$ 4 e incrementa enormemente las posibilidades para el crecimiento y la reducción de pobreza en el Perú.
De otra lado, vale señalar que la estrategia de los sectores antimineros, que buscan generar conflictos artificiales entre la población y la empresa MMG –concesionaria de Las Bambas–, es bloquear las inversiones mineras en el llamado Corredor Minero del Sur, en donde se emplazan minas como Antapaccay, Constancia, Cerro Verde y Las Bambas, que en conjunto producen más del 50% del cobre nacional.
En ese contexto, dentro de la estrategia para paralizar las operaciones mineras, todo indica que han puesto los ojos en Las Bambas. En El Montonero no nos equivocamos cuando aseguramos que hoy dicha operación es una bomba a punto de estallar. ¿Qué ha sucedido?
El pasado sábado 27 de marzo, en una reunión abierta con la presencia de Baltazar Lantarón –gobernador regional de Apurímac–, una delegación de representantes de la comunidad de Pumamarca ha rechazado de manera violenta un posible acuerdo con funcionarios del Estado y de la empresa minera MMG para que un buen número de pobladores de la mencionada comunidad se retiren pacíficamente de los terrenos que usurpan, pertenecientes a la empresa minera MMG.
Cabe recordar que entre el 26 y 28 de febrero pasado más de 300 comuneros ingresaron a la fuerza y se posesionaron de un predio de más de 1,000 hectáreas que le pertenece a la minera, incluso construyeron allí pequeñas chozas de pastoreo. La ilegal posesión de los pobladores se debe a que el Juzgado Mixto de Cotabambas, a inicios de febrero pasado, archivó un proceso judicial en el que se exigía se declare la nulidad de la compra venta del predio, realizada en el 2011; es decir, 10 años atrás. En marzo de ese año MMG compró las 1,000 hectáreas, y el acto fue aprobado por la propia asamblea general de la comunidad campesina. Por esas consideraciones, el predio está inscrito a nombre de MMG en el Registro de Propiedad Inmueble de Abancay. Los efectivos y oficiales de la Policía Nacional del Perú se retiraron para “evitar” una tragedia.
En la reunión del pasado sábado, los pobladores y los líderes comunales han afirmado su posición radical y han advertido a los funcionarios del Ejecutivo y del Gobierno Regional que “solo muertos” los retirarán de los predios usurpados a la empresa minera.
La gran pregunta aquí es ¿quién azuza semejante actitud de los comuneros? Es importante indicar que dicha comunidad, meses atrás, era asesorada por los dos hermanos Chávez Sotelo, quienes fueron apresados en marzo del 2019 de manera preventiva porque, según la tesis del Ministerio Público, extorsionaban y azuzaban protestas y paros contra la empresa minera MMG.
La administración Sagasti debe poner orden y autoridad en el Corredor Minero del Sur. Ello significa el cumplimiento irrestricto del Estado de derecho y una nueva gobernanza que hasta ahora no existe. La comunidad de Pumamarca y sus asesores están invadiendo ilegalmente terrenos de MMG y debe primar el principio de autoridad.
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