Deforestación y burocracia dorada

Con el supuesto fin de alcanzar la “deforestación cero”, el Estado peruano ha suscrito numerosos convenios con organizaciones internacionales. Estos convenios han originado la creación de instituciones –dependientes de ministerios y gobiernos regionales– que, según ha señalado Carlos Cabrejos, especialista en temas forestales, no han logrado reducir la deforestación. Los compromisos suscritos y la “enorme oportunidad para obtener apoyo financiero y técnico” han quedado, entonces, en el papel, que lo aguanta todo. 

Para Cabrejos, los compromisos suscritos no logran los resultados esperados debido al “modelo institucional multicéfalo”. En este modelo intervienen autoridades de instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Agrícola y Riego (Minagri), Ministerio del Ambiente (Minam), los gobiernos regionales y otras instituciones nacionales.

Además, la administración de la flora y fauna en los bosques amazónicos y de la sierra andina se organiza desde la comodidad de Lima. Los funcionarios ambientalistas inventan procedimientos administrativos para justificar los recursos económicos de que disponen. La mayor parte de esos recursos son préstamos de instituciones internacionales que deben ser pagados por el Estado, léase por los peruanos que tributan. Por las investigaciones de Cabrejos, entre 2010 y 2021 el presupuesto para la gestión forestal alcanzó la suma de S/ 1,870 millones. Por testimonios recogidos en el Congreso de la República, Cabrejos señala que un estimado del 40% de este presupuesto es destinado a gasto corriente: sueldos, arrendamientos de locales, mobiliario y otros. ¡Lluvia de millones para la burocracia supuestamente ambientalista! 

El dinero destinado sirve para promover –como ya se señala en todo el mundo– una nueva casta de funcionarios internacionales alrededor del cuidado medioambiente. “El modelo multicéfalo en los bosques, promovido por la cooperación internacional vinculada a las oenegés marxistas, ha incrementado la burocracia forestal”, afirma Cabrejos. El Estado peruano ahorraría S/ 622 millones en gastos administrativos si logra fusionar en una sola todas las autoridades vinculadas a los bosques y selva amazónica. Y ese ahorro podría ser destinado a proyectos de desarrollo forestal y de fauna nacional. 

Según las alertas tempranas de deforestación de Global Land Analysis & Discovery (GLAD), 170,000 hectáreas han sido deforestadas en el país en 2020. Claramente, las instituciones inventadas para detener la deforestación en el país no han servido. No solo no se ha reducido la deforestación, sino que se ha incrementado de 136,000 hectáreas en 2010 a 170,000 en 2020. ¡Los convenios internacionales promovidos por el ambientalismo ideológico no benefician al país! Todo lo contrario.

La mejor manera de defender los bosques de la deforestación y criminalidad organizada es otorgando títulos de propiedad en las comunidades. Los nativos tienen el derecho de defender lo suyo, por sí mismos y no por intermedio de otros. Asimismo, extender las concesiones forestales y promover la asociatividad entre la empresa privada y las comunidades para el aprovechamiento de los recursos existentes y por descubrir. Con los convenios internacionales suscritos –supuestamente para proteger los bosques–, el país debe defenderse además de las instituciones burocráticas promovidas por las oenegés vinculadas a intereses ideológicos y económicos, instituciones que han ganado espacios en los medios y foros especializados. No se sabe con exactitud cuántos millones manejan cada año las oenegés ambientalistas. Según Cabrejos “desde 2010 al 2016 la Oficina del Representante Comercial del gobierno de Estados Unidos ha cooperado con US$ 90 millones”.

La atomización de la autoridad sobre los bosques amazónicos ha desarticulado las actividades de desarrollo. Además, la creación de zonas protegidas con el supuesto de cuidar el medio ambiente –aislando determinados territorios amazónicos– le hace el juego al senderismo, la tala ilegal, el contrabando de madera, el tráfico de terrenos, el narcotráfico y el sicariato, pues generan zonas liberadas de la autoridad de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las municipalidades locales y las normas y la Constitución.