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Luego de otorgarse la concesión del proyecto Michiquillay en Cajamarca (en febrero pasado), la izquierda antiminera no se ha quedado con los brazos cruzados. Ha comenzado a planear cómo detener el proyecto minero, que puede relanzar el desarrollo cajamarquino. Supuestos dirigentes, que fueron desenmascarados y denunciados por los mismos comuneros, intentaron desatar la misma violencia que utilizaron para detener el proyecto Conga en 2012.
Los autoproclamados dirigentes, que no son reconocidos por las rondas campesinas de Hualgayoc, planearon el bloqueo de las carreteras que conducen a la mina Cerro Corona, donde opera la compañía minera Gold Fields, evidenciando que la izquierda antiminera no ceja en su intento de detener los proyectos mineros en Cajamarca. Y no es novedad que detrás de todos estos acontecimientos de violencia está el Movimiento de Afirmación Social (MAS), liderado por Gregorio Santos.
Con los bloqueos de carreteras y la obstrucción de las actividades mineras y agropecuarias de la zona, el MAS pretende recuperar protagonismo, creando climas de inestabilidad social con propósitos claramente políticos. Pero las recientes manifestaciones protagonizadas por este sector de la izquierda han sido totalmente rechazadas por los ronderos. En este contexto, la Federación Distrital de Rondas Campesinas de Hualgayoc (Cajamarca) ha solicitado a las autoridades del Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Justicia (Minjus) y Ministerio Público (MP) que denuncien a los supuestos dirigentes que desataron la violencia.
Durante la gestión de Gregorio Santos como presidente regional de Cajamarca, la región se convirtió en la más pobre del país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 43.1% y 52.0% de su población están en situación de pobreza. Santos y sus seguidores harán todo lo posible para obstaculizar el éxito del proyecto Michiquillay y evitar que emerja un clúster de desarrollo que incluirá a los otros proyectos ubicados en la misma zona: Galeno, Quilish, Río Tinto, La Granja y Shahuindo, entre otras inversiones que suman alrededor de US$ 16,000 millones.
Después de más de 70 años de espera, Cajamarca ha dado un paso fundamental para su desarrollo. El proyecto Michiquillay, con una inversión de US$ 2,500 millones, servirá para el renacimiento de esta región que, no obstante la gran riqueza mineral, está estancada, con los niveles más bajos de productividad y competitividad del país. Los jóvenes de Cajamarca ya se han puesto la camiseta de la minería. Saben que además de generar empleos directos e indirectos, la actividad aporta al país en renta, divisas, canon, regalías e innumerables convenios voluntarios de cooperación con la comunidades.
En este contexto, la decisión de los jóvenes es crucial para el desarrollo de Michiquillay, porque podría terminar con la inercia en el cinturón de cobre del norte. La materialización de Michiquillay posibilitará un efecto en cadena en el cinturón de cobre del norte por el efecto emulación: la gente comprobará cómo cambia la situación de las comunidades adyacentes con la inversión minera, y buscará hacer lo mismo.
Si el cinturón de cobre del norte estuviese en producción el país habría agregado un millón de toneladas más de cobre a la producción nacional (que actualmente es de 2.5 millones). La economía estaría creciendo sobre el 5% anual y muchos peruanos más ya no serían pobres. ¿Cómo entender, pues, la prédica de los antimineros del Perú? Como se aprecia, en la concreción del proyecto Michiquillay se juegan el futuro de Cajamarca y del Perú.
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