Oclocracia agraria e impotencia presidencial

“De la misma forma que la ley de la gravedad sigue
plenamente en vigor con independencia de que algún
enajenado pueda o no ‘aceptarla’ y, tirándose por la ventana,
se parta la cabeza al caer, poco importa que la gente ignore las
leyes de la economía y, guiada por la demagogia sindical o
política, se comporte de forma contraria a los principios
económicos más elementales”.
Jesús Huerta de Soto. Estudios de economía política

Después de una semana de convulsión y desgobierno en la región de Ica, el Congreso cedió nuevamente ante la presión de la oclocracia (esta vez de tipo agraria) y oficializó el pasado domingo la derogación de la Ley Nº 27360 (Ley de Promoción del Sector Agrario). Una decisión que fue avalada anticipadamente por el actual presidente, “Don Quijote” Sagasti, quien no dudó en firmar la ley derogatoria (Ley Nº 31087). A esta lamentable situación debe sumarse la trágica muerte de dos jóvenes con nombres y apellidos: Jorge Yener Muñoz Jiménez (19) y Dennis Mario Fernández Gonzales (23). Dos vidas que fueron segadas por la incapacidad del Gobierno de Sagasti y su pretendida reforma policial. Dos jóvenes del bicentenario, ignorados por las autoridades y diversos medios de comunicación, pues ya no se trataba de milénicos capitalinos en la tormenta de la vacancia presidencial, sino de dos provincianos anónimos. Nadie se atrevió a llamarlos “héroes” ni “luchadores sociales”, eran solamente dos jóvenes a secas. La vergonzosa indiferencia se hace evidente cuando los intereses de poderosas minorías no entran en juego.

Ante este siniestro escenario, está de más decir que no puede seguir permitiéndose el imperio del caos y la violencia. Las agitaciones que padece el país tienen como responsables a conspiradores e instigadores que el Ministerio Público debe ubicar y procesar penalmente de inmediato, ya sea por los delitos perpetrados (tras la vacancia presidencial) contra los poderes del Estado y el orden constitucional, o por los cometidos recientemente contra la seguridad y tranquilidad públicas durante el paro agrario. Se trata de grupos comunistas y extremistas fácilmente identificables, sujetos travestidos de rojo que tratan de hacerse notar desde la fugaz asunción presidencial de Manuel Merino y su posterior derrocamiento. A partir de aquel momento, no han dejado de conspirar contra la democracia y amenazan con extender sus tentáculos a diferentes regiones del país donde existen conflictos sociales por resolver.

El poder de la turba, vilmente manipulada por estos grupos radicales de izquierda, ha conseguido todo lo que se ha propuesto hasta la fecha. Tal fue el caso de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia y ahora tenemos la derogación de la Ley de Promoción del Sector Agrario. Su avidez infantiloide de querer cambiar todo lo que no compagine con su ideología, continuará con la pretendida reforma constitucional y desembocará con la intentona de suplantar el actual modelo económico, que favorece el libre mercado, por un remedo de modelo chavista, sumamente intervencionista y creador de miseria. Este es el sueño húmedo de personajes como Antauro y Verónika, quienes piden la instauración de una dictadura socialista que promueva el odio irracional y feroz hacia la iniciativa privada y el libre mercado. Tras haber sido siempre pisoteados en las urnas, buscan en vano la implantación de un germen que pretenda dar forma a un sistema de gobierno impracticable, de un rojo anémico. 

Retomando lo concerniente a la Ley de Promoción del Sector Agrario, cuya vigencia estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2031, debo decir que esta contribuía en gran medida con las empresas agroexportadoras y, por extensión, a toda la actividad agropecuaria. Los beneficios que ofrecía el régimen laboral agrario fueron recortados en un primer momento, pero se regularizaron paulatinamente hasta el año 2019. Era, por mucho, un régimen laboral flexible y superior en comparación con el régimen laboral general o con la informalidad laboral que se vive en diversos sectores agrarios del país. 

El tan vituperado régimen laboral agrario ofrecía una remuneración diaria de S/ 39.19 (compuesta por la remuneración Básica: S/ 31.01, CTS: S/ 3.01 y gratificaciones: S/ 5.17), descanso vacacional de 30 días por año laborado, indemnización por despido arbitrario (equivalente a 45 remuneraciones diarias por cada año de servicios, con un máximo de 360 remuneraciones diarias), seguro de salud a cargo del empleador (por un monto equivalente al 6% de la remuneración mensual del trabajador) y bonos de productividad y permanencia.

Asimismo, el impacto positivo que ha tenido esta ley en la agroexportación es innegable, ya que los ingresos del Perú en este sector han evolucionado de la exigua cantidad de US$ 643 millones en el año 2000, a US$ 6,651 millones en el año 2018. Una situación que favoreció la generación de puestos formales de trabajo en el sector privado, los cuales se calculan en 800,000 en los últimos 10 años, y que tenía una proyección de 175,000 más para la próxima década, según Comex-Perú.

Entonces, si todo marchaba bien con esta prometedora ley, ¿cuál fue el problema? Un profesor fanático-religioso solía citar una fórmula medieval en la escuela de mi niñez: “Por culpa de uno pagan todos”. Una frase que se me vino a las mientes al tratar este asunto, pues, la responsabilidad solo recaía sobre algunas empresas fraudulentas e informales que operaban por medio de servicios de intermediación laboral (services), para explotar a sus trabajadores bajo una modalidad prohibida de contratación. Hechos que debieron ser sancionados y reparados oportunamente por la Sunafil y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, todas las empresas del sector agrario terminaron siendo perjudicadas con la derogatoria, sin distinguir entre formales e informales, honestos y deshonestos. 

Ahora es muy probable que las empresas agroindustriales estén condenadas a disminuir significativamente sus utilidades, haciendo inviable la industria de la agroexportación en manos del actual Parlamento, que ya ha adelantado su posición a través de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, quien declaró en una entrevista que este sector debe tributar al igual que los demás, sin sopesar siquiera que este sector de la economía requiere de un régimen tributario especial para poder subsistir, ya que se trata de una actividad riesgosa, estacional e intermitente. Es por ello que con la Ley de Promoción del Sector Agrario se otorgaba un beneficio tributario del 15% del impuesto a la renta a dichas empresas (el cual se mantuvo vigente por veinte años), en lugar del 30% deducible a los demás sectores económicos. 

Frente a esta situación de incertidumbre y ante la inminente supresión de beneficios tributarios para las empresas agroexportadoras, solo queda esperar a la pachorra multipartidaria del Congreso que, en un afán tuitivo de los desamparados, promulgará con bombos y platillos una improvisada ley de reforma agraria cuasi velasquista, que demandará el beneficio exclusivo del trabajador, en detrimento del empleador, que ha caído en el descrédito. 

Cabe anotar que la desidia y la incompetencia de nuestras autoridades le abrirán el sendero a grupos subversivos o de choque que se aprovecharán de los conflictos sociales para tratar de penetrar en lo más profundo de la sociedad y luego en el Estado, que ahora está conformado mayoritariamente por personajes de la izquierda más recalcitrante. Su objetivo es debilitar el andamiaje republicano con ideas nefastas y caducas para provocar el desmoronamiento del país a través del socialismo. Los oclócrotas ven en el Congreso a un molino rojo y, en el Ejecutivo, a un impotente don Quijote, incapaz de sostener la lanza en ristre para hacerles frente. El contubernio entre el Ejecutivo y el Legislativo representa una grave amenaza para la estabilidad del país, más aún ahora que está en boca de todos la pretendida reforma constitucional.