Los burócratas del bicentenario

“[…] los funcionarios llegan a constituir el grupo más
numeroso e influyente de cuantos trabajan en régimen de
empleo, dándose el caso de que las peculiares ventajas de que
gozan son reclamadas para sí, como un derecho propio, por el
resto de quienes trabajan por cuenta ajena. Privilegios tales como
la inamovilidad o el ascenso por antigüedad, otorgados a los
funcionarios públicos no para beneficiarlos, sino en interés de la
comunidad, tienden a extenderse más allá del sector que
originariamente los disfrutó. No hay que olvidar que en la
burocracia estatal, a diferencia de lo que ocurre en otras grandes
organizaciones, no cabe calcular el valor específico de los
servicios rendidos por un individuo, lo que obliga a
remunerarlos en función de los méritos estimables más bien que
por los resultados. El ámbito de las regulaciones antaño
privativas de la burocracia va ampliándose, y no en reducida
escala, a causa de la influencia que los funcionarios públicos
ejercen sobre la legislación y las nuevas instituciones que
proveen a las necesidades del que trabaja en régimen de
empleo”.

Friedrich Hayek – Los fundamentos de la libertad (1960)

Tras el error cometido por el Congreso con la derogación de la Ley Nº 27360, Ley de Promoción Agraria –una exitosa fórmula legal que trajo prosperidad y trabajo al sector agro por casi dos décadas–, ahora la Ley Nº 31131 incorporará progresivamente a la mayoría de burócratas de la administración pública contratados mediante el Decreto Legislativo 1057 (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios), a los tan ansiados regímenes laborales previstos en los decretos legislativos 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral) y 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público).

Los exiguos requisitos que establece la Ley Nº 31131 para incorporar a los burócratas contratados por CAS –multiplicados durante la gestión de Vizcarra– a los regímenes laborales del D.L. 728 o D.L. 276, son los siguientes: 1) Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la Ley; 2) Tener contrato administrativo de servicios (CAS) por dos años de modo continuo o tres años de modo discontinuo; 3) Haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato administrativo de servicios; 4) A los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto se les reconoce los derechos comprendidos dentro del inciso b) del artículo 2 de la referida Ley.

Se tiene constancia de que los burócratas se incrementaron en 88,000 personas solo desde marzo a octubre de 2018, fecha en la que Martín Vizcarra asumió oportunistamente la presidencia para cebar más al Estado con sus allegados. Asimismo, la ley en cuestión ha sido declarada inconstitucional y negativa para las finanzas de las entidades públicas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), tras advertir la vulneración de los artículos 43º y 79º de la Constitución, debido a que el Congreso no tiene iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos (salvo en lo que se refiere a su presupuesto) ni competencia para la gestión de los recursos humanos del Estado.

Sin embargo, a los representantes de la cueva de Alí Baba del Estado, no se les ocurrió una mejor idea que recompensar a los burócratas de trabajo remoto, contratados mediante CAS durante la desastrosa administración de Martín Vizcarra, la cual parece extender inexorablemente sus tentáculos hasta la ineficiente gestión de Francisco Sagasti. 

Los burócratas del bicentenario brillaron por su ausentismo laboral y desidia durante casi todo el año 2020, mientras se les firmaba religiosamente sus adendas cada mes. No hubo desempleo ni reducción salarial ni suspensión perfecta para ellos. El Poder Judicial, la Sunat, la Sunarp, la Sunedu, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y un sinnúmero de entidades públicas cerraron sus puertas y desatendieron la enorme cantidad de servicios, procesos judiciales y procedimientos administrativos en trámite. ¡Claro! Había que garantizar la salud de los burócratas, altamente expuesta en oficinas con aire acondicionado y lujosos edificios públicos. Además, no se les podía exigir las medidas sanitarias que se imponían a los pequeños comercios, so pena de multa y clausura.

Se estima que la obcecación del Congreso podría costarle al Estado alrededor de S/ 4,200 millones del presupuesto público, pues existen aproximadamente 324,000 burócratas que se beneficiarían con esta disposición legal. Una vez más se deja constancia de que la meritocracia no existe ni puede prevalecer en las entidades del Estado, las cuales se rigen por prebendas y corruptelas insalvables, tal como se ha demostrado con los allegados a la administración Vizcarra. Y si no me cree usted que anda desempleado publicando columnas o peroratas en Internet, lo invito a postular a una convocatoria pública de la Sunedu, a ver si consigue un puesto de operador de mesa de partes con una remuneración de S/ 3,745.71, o un puesto de coordinador en supervisión con un franciscano sueldo de S/ 10,846.96, incluidos impuestos y afiliaciones de ley. ¡Ay, qué rico!