La dialéctica entre la criollada y la institucionalidad

La institucionalidad trasciende las derechas y las izquierdas. Un país se construye sobre instituciones sólidas, capaces de orientar la conducta de quienes ejercen el poder y de garantizar que las decisiones públicas respondan a un propósito superior. Entonces, cuando son los propios representantes políticos quienes buscan los resquicios para vaciar de contenido esas instituciones, el problema pasa a reflejar una realidad mucho más profunda: la crisis de sentido que atraviesa el Perú.

Esa crisis se manifiesta en una cultura que ha terminado por normalizar la criollada como forma de hacer política servil al capricho individual. Se celebra al más vivo, al más astuto, al que encuentra el mecanismo para obtener una ventaja personal sin infringir expresamente la ley. Con el tiempo, esa lógica ha dejado de percibirse como una desviación para convertirse, en muchos casos, en una "virtud". Sin embargo, quienes administran o aspiran a administrar el Estado tienen una responsabilidad distinta. Conocen la finalidad de las instituciones, comprenden el espíritu de las normas y saben perfectamente qué buscan proteger. Precisamente por ello, resulta preocupante que sean ellos mismos quienes busquen la manera de desnaturalizarlas.

El caso de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales es una muestra de este problema. La prohibición constitucional podrá ser acertada o equivocada; ese debate merece una discusión distinta. Sin embargo, mientras la norma permanezca vigente, su finalidad es más que clara. Aun así, alrededor de 131 autoridades en ejercicio han optado por postular como primeros regidores de sus propias listas y, hasta el momento, 23 candidatos a alcaldes han renunciado a sus postulaciones para que el primer regidor asuma el cargo en caso de resultar elegida la lista. Entre los casos de mayor repercusión se encuentran los de Rafael López Aliaga en Lima y Eduardo Bless en San Miguel, ambos parte de una práctica orientada a encontrar el mecanismo que permita alcanzar, por otra vía, aquello que la Constitución buscó impedir. Allí radica el verdadero problema: cuando la política adopta el precepto de que cualquier mecanismo resulta válido para conseguir un objetivo, termina imponiéndose la errónea idea de que el fin justifica los medios. 

La misma lógica aparece en el debate generado por las publicaciones “Antología romántica” y “Mi gallo es el chancho”, editadas por Perú Libre y Renovación Popular. Más allá del origen específico de los recursos empleados para esas publicaciones, el cuestionamiento apunta hacia la finalidad del financiamiento partidario. Los recursos destinados a los partidos existen para fortalecer la vida política, formar dirigentes, desarrollar investigaciones, consolidar una visión de país y elevar la calidad de la representación. Por ende, destinar esos recursos a publicaciones cuya contribución a ese propósito resulta, por decir lo menos, cuestionable, expresa nuevamente una pérdida del sentido institucional. Un partido político existe para construir proyecto nacional; en consecuencia, cada acción que emprende debe responder a esa misión. 

En el fondo, ambos episodios responden a una misma forma de entender la política. Cada vacío legal se convierte en una oportunidad, cada institución en un instrumento y cada recurso disponible en un medio para alcanzar un objetivo desprovisto de sentido. Esa es, precisamente, la esencia de la criollada: desplazar el propósito por la conveniencia. El conocido "hecha la ley, hecha la trampa" deja de ser un refrán popular para convertirse en un criterio de actuación. De ahí que cuando esa mentalidad se instala en la clase dirigente, el deterioro institucional resulta inevitable.

Superar esta realidad exige recuperar el sentido que debe orientar la vida pública. La educación cumple un papel fundamental en esa tarea, porque una nación requiere ciudadanos capaces de comprender que las instituciones, las normas y el ejercicio del poder responden a una finalidad superior. La política adquiere verdadero valor cuando deja de entenderse como un espacio para la ventaja individual y vuelve a asumirse como una responsabilidad frente al destino colectivo. Solo recuperando esa visión será posible que cada decisión pública, cada institución y cada organización política vuelvan a estar orientadas hacia la promesa peruana: la construcción de un proyecto nacional con sentido y trascendencia.