Por qué los mejores profesionales no quieren ser ministros

Cada vez que se arma un nuevo gabinete, el Presidente, incluso siendo popular y gozando de la confianza personal y profesional de los convocados, se ve obligado a casi rogar a las personas elegidas para que acepten. Reiteradamente  el país repite el mismo lamento: “no hay cuadros”, “no vienen los mejores”, “solo aceptan los que no tienen nada que perder”.

El problema no es que al Perú le falten profesionales capaces. El problema es que el propio marco legal ha convertido la función pública de alto nivel en una propuesta que ningún profesional exitoso debería aceptar en términos puramente racionales. Paso a enumerar las razones, y al final planteo lo que el nuevo Congreso debería hacer al respecto.

1. La declaración de Persona Expuesta Políticamente (PEP) complica severamente el manejo financiero futuro del funcionario, llevando a menudo a la denegación de créditos o al cierre de cuentas bancarias, no solo las suyas, sino las de su cónyuge, padres, hermanos, cuñados y sobrinos, personas que no tuvieron ninguna injerencia ni en la decisión de aceptar el cargo ni en la gestión del funcionario.

2. La prohibición de contratar con el Estado se extiende a los familiares del funcionario, hayan o no contratado con el Estado antes de su nombramiento, y sin importar cuán cercana o lejana sea realmente la relación.

3. La obligación de declarar la lista de clientes previos parte de una presunción absurda: que el conocimiento adquirido trabajando en un sector, como empleado, directivo o prestador externo de servicios profesionales, genera necesariamente un conflicto de interés. En realidad, es precisamente esa experiencia sectorial la que hace valioso a un ministro.

4. No hay derecho a vacaciones ni acumulación de tiempo de servicios para la jubilación para quienes ocupan cargos de confianza como los ministeriales, a diferencia de lo que sí tiene un servidor de carrera.

5. Los sueldos son bajos para el nivel de responsabilidad que se asume, muy por debajo de lo que el mismo profesional percibiría como independiente o como directivo en el sector privado. El techo remunerativo vigente data de 2004 y ata el sueldo ministerial al de un congresista, sin haberse actualizado sustancialmente desde entonces.

6. Al dejar el cargo, existe una prohibición de trabajar en el sector por un período posterior al cese, complicando la generación futura de ingresos después de dejar el cargo, incluso si el vínculo con las empresas afectadas es indirecto o tangencial.

7. La obligación de publicar el patrimonio al inicio de la función expone al ministro y a su familia a ser víctimas futuras de extorsión o del crimen organizado, un riesgo que en el Perú actual ya no es hipotético.

8. Las indemnizaciones por calumnia, difamación o denuncias infundadas contra un funcionario son, en la práctica, mínimas, y no existe responsabilidad solidaria del medio de prensa o de la persona que publique o difunda la acusación (hecho que se agrava con las. Redes sociales). En otras democracias, como Francia, la ley de prensa establece un sistema de responsabilidad en cascada que incluye al director de la publicación, no solo al autor material. 

No es difícil presumir intencionalidad en todo esto. Una serie de mecenas de determinada orientación ideológica, con claros intereses empresariales, y organismos multilaterales y oenegés con marcada orientación ideológica, tienen interés en denigrar la capacidad de gestión del Estado, aumentando así, comparativamente, su propio poder. Muchas veces financian, a través de universidades y oenegés, actividades supuestamente académicas (y por lo tanto aparentemente no incompatibles con la función pública) de profesionales funcionales a esos mismos intereses.

El nuevo Congreso tiene la oportunidad de revertir este deterioro progresivo. No se trata de bajar los estándares de transparencia, sino de calibrarlos: que protejan al Estado sin expulsar de él a quienes más falta le hacen.