En el Perú, el crimen decide quién se queda

Paola Atanacio dedicó diez años de su vida a construir su negocio y generar empleo; ahora ha decidido abandonar el Perú después de denunciar siete ataques contra su almacén en Barrios Altos, amenazas y exigencias extorsivas. La injusticia resulta insoportable y evidente: una ciudadana que quiso prosperar en su propia tierra termina haciendo maletas mientras sus agresores conservan su capacidad para perseguirla. ¿Qué promesa de desarrollo puede ofrecer un país donde el esfuerzo empresarial acaba convertido en motivo para temer por la propia vida?

Según su testimonio, entregó S/ 15,000 para detener las amenazas; después llegaron nuevas exigencias por S/ 12,000 y más atentados. También denunció ataques con granadas y amenazas contra su madre y sus trabajadores. Detrás de estas cifras hay una familia sometida a una incertidumbre brutal y una rutina de terror: abrir el negocio, contestar el teléfono o regresar a casa se convierten en decisiones atravesadas por el miedo y la ansiedad.

La Policía capturó a dos presuntos implicados, pero los ataques continuaron, según relató la empresaria. Este dato obliga a examinar la eficacia de toda la intervención estatal. Una captura representa un avance; su valor protector depende de que permita neutralizar la amenaza. Cuando la víctima sigue expuesta, corresponde investigar qué eslabones del crimen permanecen activos, quién financia los atentados y cómo impedir las represalias.

Desde la filosofía política podemos ofrecer un criterio básico para examinar este rotundo fracaso. Thomas Hobbes, gran intelectual inglés del siglo XVII, relacionó la obediencia a la autoridad con la protección que ésta debería de proporcionar. En nuestro orden constitucional, además, el artículo 44 establece expresamente el deber estatal de proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad. La seguridad constituye una obligación exigible, anterior a cualquier celebración gubernamental sobre emprendimiento o inversión.

Max Weber, uno de los padres de la sociología, además, situó en el centro del Estado moderno la pretensión de monopolizar legítimamente la fuerza dentro de un territorio. La persistencia del delito, por sí sola, tampoco demuestra la desaparición de ese monopolio, claro está. Sin embargo, cuando una organización delictiva logra imponer pagos y condicionar la permanencia de un comerciante, exhibe una capacidad de coerción que la autoridad debe desarticular. Cada exigencia extorsiva intenta someter la actividad económica a una autorización criminal.

El daño alcanza también a quienes son simples espectadores. Una persona amenazada puede concluir que denunciar aumenta su exposición; otra puede postergar una inversión o reducir su negocio. Así se deterioran los incentivos para producir y colaborar con la justicia. El mensaje de toda esta espiral de violencia resulta perverso: cumplir las reglas exige sacrificios, mientras que quebrantarlas permite obtener ganancias. Someterse ante este equilibrio del mal equivale a abandonar a los ciudadanos más perseverantes y ejemplares. Se concreta e institucionaliza así una inversión moral y de principios en la sociedad.

El Gobierno debe asumir responsabilidades políticas por la protección efectiva de las víctimas, con una conducción que articule a la Policía Nacional del Perú y los servicios pertinentes, respetando la autonomía fiscal y judicial. Urgen evaluaciones inmediatas de riesgo, responsables identificables para cada caso grave y seguimiento después de las capturas. Una denuncia acompañada de atentados reiterados exige una respuesta sostenida hasta reducir la amenaza.

También corresponde exigir investigaciones financieras, trazabilidad de comunicaciones conforme a ley, control penitenciario y persecución de quienes ordenan y financian los ataques. Durante los próximos noventa días, el Ejecutivo debería publicar resultados verificables sobre víctimas protegidas, reincidencia de atentados y redes desarticuladas, preservando información sensible. Las autoridades necesitan responder por aquello que efectivamente cambia en la vida del ciudadano.

Paola, así como cualquier ciudadano de a pie y emprendedor, merecen recuperar la posibilidad de trabajar sin que ello implique arriesgar a su familia o abandonar su patria. El Gobierno tiene que impedir que esta salida forzada, en el caso de Paola, se vuelva la norma durante los próximos meses y años. Un país que permite al crimen expulsar a sus ciudadanos trabajadores compromete su futuro en todo sentido y se pone a disposición de los malos elementos que imponen sus intereses y objetivos. Recuperar nuestro Perú para los buenos peruanos es lo que necesitamos hacer desde ya.