El monopolio del coronavirus

Fue mi cuñada Nora la de la idea de traer a un
matrimonio de médicos conocidos suyos,
especialistas en ayudarnos a bien morir.
-¿Con el bien o sin el bien, no te suena eso, Norita,
como a redundancia? Para eso han estado siempre los
médicos, para desbarrancarnos, con la bendición del
cura, en el despeñadero de la eternidad.
Que no, me contestó, que estos nos iban a ayudar a
aceptar lo inaceptable, que la Muerte nos derrumbara
la casa.
-Bueno, si es así avísame cuándo vienen para no estar
aquí porque no les quiero ver la cara.
Ni médicos ni curas soporto yo. Ni políticos ni
burócratas ni policías, etcétera, etcétera.

Fernando Vallejo – El desbarrancadero (2001)

Desde que la cuarentena más rígida de Latinoamérica fue impuesta por el impresentable expresidente Vizcarra, la salud y la economía de la población peruana han menguado de forma irremediable. La crisis sanitaria y económica ha superado con creces todos los pronósticos espetados por epidemiólogos y seudoespecialistas que, con obstinación y ligereza, siguen aconsejando la fallida cuarentena para confinar a los ciudadanos de bien y paralizar las actividades económicas por una supuesta nueva ola de la Covid-19.

El presidente súbito no dudará en seguir los lineamientos de la oclocracia médica, cuyo objetivo es encerrar nuevamente a la población peruana como un remedo de Francia, Irlanda, Portugal y Alemania. ¡Cómo si nuestro país tercermundista pudiera darse el lujo de recluir a su población con la tremebunda recesión que se avecina y los millones de empleos perdidos por culpa de Vizcarra! Lo cierto es que la oclocracia médica actúa bajo el microscopio de sus propios intereses, ellos son los “héroes” remunerados que salvan vidas. Su lucha “constante y eficaz” contra el Covid-19 ha dejado un saldo de casi 37,000 muertes hasta la fecha, y la incompetencia del Gobierno, desde Vizcarra hasta Sagasti, se hace patente para todos los peruanos.

Semejante cantidad de fallecidos por una enfermedad cuya tasa de letalidad es solo del 3.73%, demuestra a todas luces la incapacidad del Gobierno para cargar con la responsabilidad de la Salud Pública. Asimismo, el personal de salud es corresponsable y ha sido representado por una cúpula de seudoprofesionales que busca lucrar con las urgencias y necesidades médicas de la población. Aún se negocian camas UCI y ventiladores bajo la mesa, y se tienen que pagar miles de soles por un cupo, por una oportunidad de sobrevivir. Sin ánimo de generalizar, creo que es deshonesto exculpar tanto al Estado como al personal de salud que, a lo largo de décadas, han demostrado que nuestro sistema de salud pública es un desastre y que jamás arribará a un buen puerto, mientras imperen ideas caducas y socialistas.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) y el Seguro Integral de Salud (SIS) son los grandes engendros del Estado peruano. Pese a la ingente cantidad de reclamos y denuncias, el Estado siempre ha omitido prestar la atención debida a las demandas de la sociedad. El razonamiento de los burócratas impone la exigencia de la calidad educativa a través de la Sunedu, y dispone la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) a cargo del Minedu, pero no puede exigir al Minsa la misma supervisión de estándares mínimos de calidad en el personal de salud. Por ejemplo, los médicos especialistas del Estado son tratados como eminencias, son intocables e irremovibles de su cargo, cuales semidioses del Olimpo. Nadie tiene derecho a “hostilizarlos” mediante evaluaciones periódicas de desempeño y récords de atenciones. No se les puede exigir el trabajo a tiempo completo. Nada de procedimientos administrativos disciplinarios incoados en su contra por lucrar a través de clínicas privadas, boticas e industrias farmacéuticas. 

¿Quién ha denunciado a un médico del Estado que condiciona exámenes externos en determinada clínica o prescribe medicamentos de cierta marca (la recomendada por su visitador médico) en la botica de confianza? Sin embargo, si se trata de un simple mortal o de un empleado público se habla de delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. O por lo menos de una falta sancionable a nivel administrativo o por el colegio profesional correspondiente. 

¿Quién rinde honores a un ingeniero de una obra pública o a un miembro de serenazgo o a cualquier otro empleado público que sufre de una enfermedad ocupacional o muere como consecuencia de su trabajo remunerado? Estos jamás serían considerados héroes, simplemente sufren o mueren en cumplimiento de un deber. Hay que dejarnos de mojigaterías y empecemos a desacralizar la profesión médica con sus prebendas, beneficios y bonos por doquier. No se puede sostener niñatos mimados con los impuestos de todos los peruanos.

El Covid-19 ha monopolizado la atención médica, dejando a su suerte a cientos de miles de pacientes de alto riesgo, cuyos tratamientos no deben postergarse más. No existen datos estadísticos actualizados a la fecha respecto de la mortalidad de pacientes de cáncer y otras enfermedades de alto riesgo durante la pandemia. Al Gobierno no le conviene revelar dicha información. Sin embargo, podemos cotejar cifras tentativas con los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), los cuales arrojan 11,528 nuevos casos de cáncer registrados en el año 2017, y 11,865, en el año 2018. Por otro lado, se evidencia que la emergencia sanitaria provocó el abandono de terapias antirretrovirales de pacientes con VIH –el cual creció un 17% respecto al año pasado– y, además, redujo en 80% la detección de casos positivos de VIH, imposibilitando un tratamiento oportuno.

El cáncer es la principal causa de muerte en el Perú. Se estima que alrededor de 33,000 personas mueren al año en nuestro país por esta enfermedad y que 150,000 viven padeciéndola. Con el advenimiento del Covid-19 y la consecuente crisis sanitaria, la situación de estos pacientes ha empeorado de forma dramática. La ausencia de oncólogos y la impracticabilidad de tratamientos contra el cáncer (quimioterapia y radioterapia), así como la cancelación y reprogramación de intervenciones quirúrgicas, han ocasionado la agravación del estado de salud o la muerte de incontables pacientes. Una situación que atestigua la ineptitud y la indolencia del Gobierno y del Minsa para afrontar este problema que no puede prolongarse más.

En un estudio publicado por la revista médica británica BMJ, se han analizado las graves repercusiones que tiene para la salud de los pacientes oncológicos la demora en los tratamientos. Es así que un retraso de cuatro semanas de cirugía aumenta la mortalidad entre 6% y 8%, y el riesgo del aplazamiento se acrecienta en 9% en los casos de radioterapias para cánceres de cabeza y de cuello. En otras situaciones, aumenta hasta un 13%, como sucede con el tratamiento coadyuvante (que completa el tratamiento principal para prevenir el riesgo de recaída) de los cánceres colorrectales. Si el retraso de la cirugía pasa de ocho o doce semanas en los casos de cáncer de mama, el riesgo de mortalidad aumenta entre 17% y 26%, respectivamente. 

Cabe resaltar que el Covid-19 duplica su letalidad en pacientes oncológicos, según diversos estudios, entre los cuales destaca el de Nicole Kuderer del Grupo de Investigación de Cáncer Avanzado de Seattle. A pesar de ello, el INEN cometió la irresponsabilidad de convertirse en un hospital Covid más, ya que para los hospitales generales el cáncer es un criterio de exclusión del paciente, de acuerdo a las propias declaraciones del jefe institucional, Dr. Eduardo Payet. 

Pues, ¡claro!, es más fácil tratar una gripe que el cáncer, más aún si te vuelves acreedor de reconocimientos, compensaciones, jugosos bonos y pensiones vitalicias (para deudos) financiados con dinero público. Es así que mediante la Resolución Ministerial Nº 420-2020-MINSA, el Gobierno estableció los sueldos que deben recibir los profesionales y los técnicos asistenciales contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, mientras dure el estado de Emergencia Sanitaria. La escala es como sigue: médicos cirujanos (S/ 9,000), médicos especialistas (S/ 12,900), profesionales de la salud (S/ 6,000), profesionales especialistas de la salud (S/ 7,300), técnico asistencial (S/ 3,300). ¿Y la brigada recolectora de muertos? Ignorada y olvidada. 

Siguiendo la lógica estatal, también deberíamos compensar y otorgar bonos especiales a los empleados públicos que contrajeron el nuevo coronavirus durante su horario de trabajo, bajo apercibimiento de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otrora defensora de los derechos humanos de terroristas de Sendero Luminoso. Esto es lo que también pretenden hacer los damnificados de la marcha del bicentenario (aliados con oenegés comunistas) que buscan a toda costa una indemnización razonable a cargo del Estado; esto es un millón de soles ni más ni menos. Algunos de estos “héroes del bicentenario” son: el barbero sin pulso, el reguetonero sin voz, el surfista sin tabla y el bailarín cojitranco.

Hoy vemos a la prensa preocupada por el cuento de la segunda ola del nuevo coronavirus, cuando lo que se avecina es un tsunami de enfermedades de alto riesgo que colapsará de forma indefinida nuestro precario sistema de salud. Este cuento también amenaza con encerrarnos nuevamente como ganado y con revertir la tan esperada reactivación económica del país que, a duras penas, permite a la Población Económicamente Activa (PEA) recuperarse de la crisis ocasionada por las decisiones fallidas del Gobierno de Vizcarra. Dejen que la inmunidad de rebaño haga su trabajo, pues la incapacidad del Gobierno y la impericia médica han desahuciado a todos los peruanos. Cuando el ocaso de la pandemia llegue y las vacunas sobrevaloradas empiecen a aplicarse masivamente, la naturaleza ya habrá inmunizado a todos, especialmente a la clase trabajadora conformada por comerciantes informales y ambulantes. Señores del Gobierno, morados por la falta de oxígeno en la sangre y el cerebro, los exhorto a utilizar como sujetos de prueba de la vacuna en ciernes -en estricto orden de prelación- al presidente y sus ministros, a los congresistas, al personal de salud del Estado, a los burócratas remotos y a los policías.