Desfase entre política y economía

La economía no responde directamente al calendario político. Cambian los gobiernos, se anuncian nuevos rumbos o se proclaman profundas transformaciones, pero la actividad productiva, la inversión y el empleo reaccionan a otro ritmo. Dependen de expectativas construidas a lo largo de años sobre cómo funcionan las reglas, su firmeza y si seguirán vigentes frente a nuevos ciclos electorales.

En los años noventa, los estudios comparados observaron que una inestabilidad política frecuente tendía a reducir el crecimiento. Robert Barro demostró que los golpes y las rupturas abruptas dañaban la inversión al debilitar los derechos de propiedad. Dani Rodrik precisó que incluso las políticas técnicamente correctas fracasan cuando los hogares y las empresas dudan de su continuidad. La economía no se mueve por afinidad ideológica, sino por marcos institucionales percibidos como estables.

Chile ilustra estos mecanismos. Tras el fin del régimen militar los gobiernos adoptaron enfoques políticos distintos, pero mantuvieron los pilares económicos básicos: disciplina fiscal, apertura comercial, respetando contratos. La continuidad permitió décadas de crecimiento sin cambios presidenciales que reescribieran el modelo. Mientras la política siguió su curso; la economía avanzó manteniendo unas reglas que no estuvieron en discusión.

El ejemplo peruano es revelador. La Constitución de 1993 estableció un marco claro de protección de contratos, autonomía del banco central y apertura al capital. Durante veinte años el país tuvo presidentes débiles, crisis políticas recurrentes y un Estado de baja calidad, pero la economía siguió creciendo. Sin gobiernos que impulsaran activamente la productividad, el marco institucional funcionó como acumulador silencioso. En 2021 Pedro Castillo no cambió las reglas de inmediato, pero puso en dudas su continuidad con su proyecto de asamblea constituyente y señales de ruptura. La reacción fue una fuga de capitales superior a US$ 22,000 millones, una respuesta económica ante posibles reformas. La caída de Castillo produjo una fuerte inestabilidad política, pero no un colapso macroeconómico. El ancla resistió, aunque frenó las inversiones. El caso peruano muestra cómo las reglas creíbles permiten atravesar gobiernos mediocres, pero también que cuestionarlas afecta las expectativas.

Brasil, bajo Lula da Silva, muestra una lógica distinta. Cuenta con instituciones económicas profundas: un banco central autónomo, un sistema financiero desarrollado y un mercado interno amplio. El discurso político pone énfasis en el rol del Estado, con críticas a la austeridad, pero la arquitectura macroeconómica permanece. Esa combinación explica por qué los capitales no huyen masivamente, pero no promueven grandes inversiones. Los actores económicos ajustan sus decisiones en función a señales políticas de continuidad o cambios duraderos.

En Colombia, Gustavo Petro tampoco ha desmontado el marco económico. Pero la incertidumbre sobre el futuro del sector energético e hidrocarburos ralentiza la inversión. No hay prohibiciones inmediatas, sino dudas sobre el horizonte. Las empresas postergan proyectos cuando no pueden anticipar su futuro a cinco o diez años. La economía funciona, pero sin dinamismo.

La llegada de Javier Milei en Argentina implicó un giro discursivo con fuertes ajustes económicos: recorte del gasto, corrección de precios relativos e intentos de reinserción en los mercados financieros internacionales. El problema no es la dureza del ajuste, sino la certidumbre sobre la estabilidad de las decisiones y que pudieran revertirse en un próximo ciclo político. Mientras las dudas perduren, el capital será cauto. Existen expectativas, pero no una transformación institucional que garantice continuidad.

En Ecuador, luego del período de Rafael Correa, con un Estado expansivo y fuerte dependencia del gasto público, la alternancia política no logra construir una nueva ancla económica. Se abandonó el modelo sin establecer otro con reglas claras sobre inversiones, tamaño del Estado y disciplina fiscal. El resultado es un crecimiento débil y tensión social recurrente.

Venezuela es el extremo del deterioro institucional. Su economía, organizada alrededor del control estatal y poder concentrado, favoreció a élites vinculadas al aparato político y militar. No promovieron producción ni competencia, sino obediencia y captura de rentas. Al salir Nicolás Maduro, el país hereda una estructura profundamente dañada: industria petrolera debilitada, instituciones erosionadas y una sociedad empobrecida, difícil de reactivar. Ese sistema antidemocrático podría ser aprovechado por cualquier gobierno posterior, sin generar crecimiento ni beneficios para la población. El problema no es la ausencia de reglas, sino reglas perjudiciales.

La región muestra una constante: la política avanza con ciclos cortos; la economía se mueve por acumulación. Con marcos institucionales razonablemente estables, la actividad continúa incluso bajo gobiernos poco eficaces. Cuando esos marcos se ponen en duda, la reacción económica no suele ser inmediata ni explosiva, pero sí persistente: inversión que retrocede, proyectos postergados, fuga de capitales.

La experiencia latinoamericana sugiere que el crecimiento no depende del entusiasmo electoral ni del carisma presidencial. Depende de reglas previsibles que organicen la vida económica, cumplirlas y poner límites al poder. La política promete cambios rápidos; la economía responde con demora. Esa distancia explica por qué algunos países resisten largos períodos de mala gestión mientras otros, aun tras giros políticos importantes, tardan en recuperar dinamismo. Lo decisivo no es quién gana la elección, sino cuán creíble es el marco en el que tomarán decisiones quienes producen, invierten y trabajan.