Detener el avance de la criminalidad antiminera

Los bloqueos de carreteras y la contaminación por los derrames de petróleo (causados por delincuentes) le cuestan muy caro al país. A las autodenominadas dirigencias y sus asesores no les interesa el daño que ocasionan, pues forma parte de sus estrategias políticas y económicas contrarias a los intereses nacionales. Presionan a la población y las obligan a manifestarse violentamente. 

Un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a la minera canadiense Lupaka Gold Corp. Perú tendrá que pagar US$ 65 millones. La canadiense acudió al juzgado comercial alegando inacción del gobierno y, en consecuencia, la pérdida del proyecto. Denunció el bloqueo de la carretera que conducía a la mina Invicta, ubicada en Parán (Huaura, Lima), y el asalto de su campamento e instalaciones en octubre del 2018. La minera alega haber perdido 3,000 metros de socavones, 29 kilómetros de carretera y diversas exploraciones geológicas y mineras. Invicta Mining Corp., filial de Lupaka, y los comuneros de Lacsanga, quienes tenían acuerdos con la minera, denunciaron los ataques a la Policía, a la fiscalía y a las autoridades correspondientes, pero n o obtuvieron ninguna respuesta efectiva, tan solo una inútil mesa de diálogo para mediatizar el conflicto, con los que quedó pulverizado el Estado de derecho. 

El laudo favorable obtenido por Lupaka muestra la dimensión real de los conflictos inventados contra el aprovechamiento de los recursos naturales y el avance de la industria nacional. En política no hay coincidencias, nada es espontáneo; todo se mueve por fuerzas conocidas o desconocidas. El plan comunista es implantar la “patria socialista”: un Estado totalitario con una población dependiente del Estado. Para el caso de recursos naturales e industriales inventan daños ambientales y desacuerdos sociales. En los últimos 26 años los gobiernos fueron permisibles con las manifestaciones contrarias al desarrollo nacional. 

Somos un país minero. El presupuesto nacional se sostiene principalmente por los minerales y la agroindustria exportadora. Debido a eso una nueva clase media rural ha surgido en lugares alejados de los centros urbanos. Y muchas familias en las que nunca hubo estudiantes universitarios hoy envían a sus hijos a estudiar una profesión de nivel superior. En un escenario de pérdida de espacios, la izquierda extrema pretende recuperar simpatías atacando las fuentes de riqueza; pero sobre todo, atacando a las Fuerzas Armadas y policiales, desacreditándolas y debilitándolas para que sean rechazadas por la población. Hacen que las fuerzas del orden sean inoperativas frente a las acciones violentas, para luego alegar “criminalización de la protesta social”. Así de simple. 

El país debe saber que el Decreto Legislativo N°1095 regula la intervención de las Fuerzas Armadas frente a inminentes amenazas contra los “activos críticos y actividades estratégicas”. El reglamento enmarcado en políticas de seguridad y defensa nacional y de la Constitución permite el uso de la fuerza con el fin de proteger la infraestructura, los caminos y el normal desarrollo de las economías calificadas de estratégicas: hidrocarburos, minería, plantas y redes eléctricas y ciberespacio. 

Las actividades petroleras en la selva amazónica son amenazadas por dirigencias supuestamente ambientalistas. Petroperú, empresa encargada del Oleoducto Norperuano, ha señalado que un 60% de los derrames de petróleo son actos provocados que ocasionan pérdidas anuales de hasta US$ 100 millones. Las comunidades impiden el ingreso de los técnicos a los derrames y exigen hacer las remediaciones. A más contaminación mayor es la indemnización por recibir.

Contra el devastador avance de la minería ilegal, el siguiente gobierno tendrá que acudir al D.L. N°1095 para proteger el país. Solo Rafael López Aliaga se ha pronunciado al respecto, mientras que el resto de candidatos callan sobre este tema.