¿Por qué la obsesión del Ejecutivo en el control de la policía?

Es absolutamente incomprensible la decisión del Ejecutivo de promulgar el Decreto Supremo 004-21, que modifica la carrera policial, cuando faltan días para que se instale un nuevo gobierno. ¿Cuál es la premura? ¿Cuál es la desesperación? Diversos analistas han sostenido que algunos artículos del mencionado decreto posibilitarían una purga masiva de la alta oficialidad, no obstante el fracaso de todas las iniciativas de la administración Sagasti: remoción arbitraria e ilegal de 18 oficiales generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y reformas y cambios que no han llevado a ningún lugar.

Sin embargo, vale recordar algunas cosas de la administración Sagasti con respecto al respeto de la ley y el orden. Francisco Sagasti fue elegido jefe de Estado interino por un golpe de masas que obligó a la renuncia de Manuel Merino, luego de procederse a la vacancia del ex presidente, Martín Vizcarra. La propia directiva del Congreso es la expresión del mismo golpe de masas que obligó a que la absoluta mayoría de bancadas se inhibiera de participar en la elección de la nueva junta directiva que iba a establecer el nuevo Ejecutivo y la conducción del Congreso.

Apenas asumido el gobierno, el señor Sagasti asumió la narrativa de la izquierda extremista, que demoniza el papel de la PNP y califica cualquier ejercicio de la autoridad como “uso desproporcionado de la fuerza” o una eventual violación de Derechos Humanos. En este contexto, se produjo el llamado paro agrario, en el que cerca de 3,000 personas bloquearon las principales vías de acceso a la capital, con objeto de estrangular a Lima. El resultado: el Ejecutivo y el Congreso abdicaron de su autoridad, relativizaron la Constitución y la ley, y derogaron una de las mejores leyes económicas de las últimas dos décadas: la Ley de Promoción Agraria.

La relación de la administración Sagasti con la PNP, entonces, es más que complicada; sobre todo cuando el congresista Luis Valdez, de APP, ha señalado que el jefe de Estado habría planteado una movilización social contra el Legislativo en caso de que los congresistas tramitaran ciertas reformas constitucionales y eligieran a los miembros del Tribunal Constitucional.

¿A qué vamos? A estas alturas es más que evidente que una de las claves de la estrategia de la izquierda latinoamericana pasa por convertir a la calle en el gran elector del sistema republicano para luego variar la relación de fuerzas de un sistema político. Por ejemplo, en Chile el sistema se doblegó ante la violencia, la destrucción de las infraestructuras y la anarquía, desatada en Santiago y las principales ciudades mapochas. Algo parecido empieza a acaecer en Colombia y, de alguna manera, en la renuncia de Merino y la elección de Sagasti se aplicó este software bolivariano.

¿Cuál es la condición para que prospere el lenguaje de la calle, de la acción directa de masas, en el sistema republicano? Que se destruya la moral de la policía, que se maniate sus posibilidades de ejercer la autoridad con narrativas que, en vez de proteger los Derechos Humanos, solo buscan destruir la autoridad del Estado democrático. Y, por supuesto, con medidas radicales como el descabezamiento de la alta oficialidad que ha entregado sus vidas a servir a la entidad policial.

Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo debe derogar el mencionado decreto supremo. O en su defecto, el Congreso debería proceder a la derogatoria al término de la distancia.