Ley de oenegés sin reglamento está inoperativa

Se acaba de vencer el plazo legal para que el Ejecutivo reglamente la Ley que incrementa las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el control sobre los recursos externos que reciben las oenegés en el país. En este contexto, la mencionada norma está en vigencia, pero no puede aplicarse por falta de reglamentación. 

Como todos sabemos, la Constitución establece que las leyes se reglamentan por el Poder Ejecutivo y la falta del reglamento para esta norma es una expresión de voluntad acerca de la renuncia del gobierno a lidiar con un grave problema nacional. De alguna manera en el Ejecutivo parece haber impactado la campaña nacional e internacional que se desarrolló contra la decisión del Congreso de avanzar en la regulación del libertinaje con que actuaban algunas oenegés vinculadas al progresismo y a la izquierda en general. 

Uno de los hechos más graves de la campaña internacional en contra de la ley peruana sobre las oenegés que, incluso, abarcó a entidades del sistema interamericano de justicia, es que ignora que las legislaciones de los países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, contemplan medidas similares de control a las aprobadas por el Legislativo peruano. Incluso con penas más severas para los eventuales infractores.

Y es que el sentido común aclara cualquier duda. ¿Qué sociedad democrática, qué régimen de Estado de derecho, en donde se ejerce la plena soberanía nacional va a permitir que fluyan recursos externos sin control, sin una mínima vigilancia, a entidades que suelen desarrollar propuestas de políticas públicas vinculadas al sistema de justicia y diversos sectores de la economía?

La politización del sistema de justicia y la judicialización de la política, de una u otra manera, han terminado bloqueando al Perú. La crisis política, la crisis de las entidades centrales de la justicia, las guerras entre magistrados provisionales que demandan las competencias del Congreso  o de la Junta Nacional de Justicia, ¿acaso se pueden comprender sin la labor de las oenegés? La interminable persecución de nuestros soldados y policías que nos salvaron del terrorismo en los ochenta, que nos salvaron del golpe fallido de Pedro Castillo y la instalación de una asamblea constituyente, ¿acaso se pueden entender sin la labor de las oenegés?

La paralización de las inversiones mineras que nos hubiesen podido llevar a reducir la pobreza debajo del 10% de la población, la destrucción del empleo formal en el agro y la reducción de la productividad de la pesca industrial, ¿acaso se podría entender sin la labor de las oenegés? De ninguna manera.

En el Perú, mientras se sobrerregulaba a los partidos políticos y se perseguía a los políticos anticomunistas, mientras se sobrerregulaba a las empresas y los mercados –es decir, a las dos instituciones centrales de cualquier democracia o régimen republicano–, se reconocía el más absoluto libertinaje a las oenegés. De allí que los progresismos y las izquierdas no necesitaran formar partidos y presentarse a las elecciones nacionales con programas para el país. Desde las oenegés podían construir las narrativas y relatos que les permitía controlar las instituciones (por ejemplo, el Ministerio Público) y desarrollar una estrategia de “gobernar sin ganar elecciones, al margen de la democracia”.

Los argumentos de las oenegés acerca de que no deben tener vigilancias ni controles por el derecho ciudadano a la participación política o el derecho de la sociedad civil a expresarse en la vida pública son absolutamente risibles y no deben tomarse en cuenta. Representan discursos ideológicos que pretenden “bypasear” el ejercicio de la soberanía en cualquier democracia.

Por todas estas consideraciones el Ejecutivo debería reglamentar la ley de oenegés sin mayores dilaciones.