El globalismo progresista de la OEA en la encrucijada

En las próximas horas, la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe visitar el Perú, recoger la información necesaria sobre el estado de la constitucionalidad democrática y emitir un informe sobre los procesos de investigación fiscal y de control político del Congreso que se desarrollan sobre el Poder Ejecutivo. 

A nuestro entender la encrucijada de la visita de la OEA no estará en que el Ministerio Público demuestre la constitucionalidad y la legalidad de los procedimientos desarrollados en sus investigaciones e, igualmente, tampoco estará en la necesidad de aclarar la constitucionalidad de los procesos de vacancia y acusación constitucional del Poder Legislativo. Apenas los comisionados de la OEA pisen tierra nacional y analicen los procesos mencionados, con todos los documentos proporcionados, y los confronten con la Constitución Política del Perú y la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos, quedará en absoluta evidencia que en el Perú se mantiene el pleno estado de derecho y de constitucionalidad.

Por todas estas consideraciones, las encrucijadas, las disyuntivas, estarán en otro lado. La OEA enfrentará la disyuntiva de continuar siendo la expresión del sistema democrático interamericano que siempre preservó la democracia, la constitucionalidad y la paz en la región, o se pondrá al servicio de los intereses ideológicos de los gobiernos de izquierda –que hoy predominan en América Latina–, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Pueblo. A nuestro entender, pues, los problemas están del lado de la OEA. No en la orilla de los demócratas peruanos. 

De allí que el Departamento de Estado de los Estados Unidos se haya diferenciado radicalmente de la mayoría de los gobiernos de izquierda con respecto a la situación del país. Únicamente bastará analizar los documentos de las investigaciones sobre la supuesta corrupción del entorno palaciego y, sobre todo, observar el desgobierno nacional, el proceso de desorganización en que se encuentra el país, para entender que los mecanismos de control que desarrolla el sistema republicano peruano son absolutamente constitucionales y que los peruanos –según nuestra Constitución– tenemos el absoluto derecho de utilizar medidas excepcionales para preservar la construcción institucional, económica y social desarrollada en las últimas tres décadas.

El prestigio de la OEA comienza a ser una interrogante porque empieza a representar una internacional de las izquierdas. Allí está el silencio frente a la injusta encarcelación de la ex presidente de Bolivia, Janine Añez, quien ha sido condenada a prisión no obstante que desarrolló un proceso de transición impecable en el país altiplánico, con el respaldo del Congreso y el Tribunal Supremo que, en ese entonces, también estaban controlados por militantes y magistrados vinculados al MAS, el partido del ex presidente Evo Morales. Igualmente allí también está otro silencio que estremece ante las violaciones diarias de Derechos Humanos que se desarrollan en Nicaragua contra sacerdotes y miembros de la oposición democrática.

Si la OEA prefiere la ideología y defiende los objetivos de los gobiernos de izquierda de la región y repite ciertos argumentos que pretenden señalar supuestos “enfrentamientos raciales” o intereses de “posibles oligarquías” para respaldar la narrativa que justifica la permanencia de Castillo en el poder a costa de la destrucción nacional, más allá de su probada incapacidad moral permanente, es incuestionable que el sistema interamericano será herido de gravedad.

Si la OEA le dice a los peruanos que Castillo es una especie de monarca que puede destruir el país durante cinco años sin que los ciudadanos puedan ejercer los procesos constitucionales (vacancia y acusación constitucional) establecidos para salvar el sistema republicano, el organismo interamericano podría convertirse en una amenaza a la constitucionalidad.