Vuelve la leyenda de Máxima Acuña

El ambientalismo ideológico no descansa. Ahora es parte del círculo antiminero que se ha propuesto detener el aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de crear condiciones de desasosiego y violencia. Vuelven las campañas favorables a Máxima Acuña de Chaupe, Premio Ambiental Goldman 2016 (US$ 150,000 entregados a la supuesta luchadora mundial por la naturaleza); según las oenegés marxistas, la ambientalista más importante del mundo. 

Según la narrativa antiminera, Acuña rechazó una oferta millonaria de Newmont Mining Corporation que pretendía silenciar el reclamo de su propiedad ubicada –según Acuña– dentro de los linderos de la minera. Acto seguido, guiada por las oenegés ambientalistas, se propuso la expulsión de la minera de su comunidad.  “Desalojo, encierro y brutalidad del Estado” han sido denunciados por el movimiento antiminero como parte de “las consecuencias del liderazgo de la hija de la laguna”. No obstante, según ha reportado la British Broadcasting Corporation (BBC), Máxima Acuña  no es dirigente ni activista y tampoco aspira a liderazgos. Su fama internacional es producto del estribillo “agua sí, oro no” contra el proyecto Conga, en Cajamarca.  

Para la BBC, entre 1996 y 1997, Newmont compró dos lotes a la comunidad de Sorochuco. La supuesta propiedad de Acuña se ubica entre los dos lotes comprados. Frente a la negativa de abandonar el predio ubicado en Tragadero Grande, un proceso judicial demandó a Máxima Acuña y familiares por usurpación agravada. Fue entonces cuando la “heroína” del movimiento antiminero inició un periplo internacional para denunciar su caso. La ONG Earth Right International (ERI) logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) otorgue medidas cautelares para impedir su desalojo. Por esta y otras razones políticas, la sentencia judicial contra Acuña fue revisada durante la gestión del humalismo, y posteriormente anulada.  

El caso Acuña fue llevado a los tribunales norteamericanos. El plan de las oenegés es internacionalizar los “conflictos” inventados con el fin de obtener apoyo de organismos mundiales y, además, publicidad para sus “causas nobles”. En diciembre pasado la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó que el caso Acuña debe ser resuelto en las cortes peruanas. Un tribunal del distrito de Delaware rechazó la demanda y la Corte de Apelaciones confirmó el rechazo. El argumento de los jueces es simple: en este caso, las instituciones del Perú resultan confiables. Acuña denunció el intento de despojarla de su propiedad y hostigamiento sistemático. Demandó reparaciones civiles de US$ 75,000 para cada uno de sus quince familiares. 

La verdad es que Máxima Acuña y su esposo Carlos Chaupe no son dueños del terreno de Tragadero Grande y, por tanto, Yanacocha no pretendió arrebatarles una propiedad inexistente. Como ha señalado la BBC, en enero de 1996 y noviembre de 1997 la minera compró a la comunidad de Sorochuco dos terrenos. No obstante la compra-venta realizada y llevada a un proceso judicial –que sentenció en favor de la minera por los documentos presentados–, Máxima Acuña insiste en que la propiedad le pertenece hace más de veinte años, sin exhibir pruebas. El Juzgado Mixto de Celendín concluyó que el terreno en cuestión es propiedad de la minera Yanacocha. 

El autor de la leyenda Acuña es Marco Arana, ex sacerdote y congresista del Frente Amplio, activista antiminero y líder de la ONG Grufides. Arana y sus pares ideológicos convirtieron a la cajamarquina en un símbolo mundial del ambientalismo marxista. La “humilde campesina”, como ha sido presentada en el mundo, en realidad es propietaria de seis predios en Sorochuco y tres en Huasmín. El ex cura Arana reconoce la compra-venta realizada por la comunidad a la minera, pero increíblemente desconoce que la operación afecta a la propiedad de la “dama de la laguna”.  

Acuña es considerada “admirable y sabia” por activistas e internautas. Sin embargo, en sus seguidores prevalece el sinsentido: se oponen drásticamente al aprovechamiento de los recursos naturales, pero reclaman que los beneficios producidos por la explotación de las riquezas mineras sean destinados a los pobres.