Sin respaldo político no se relanzará el crecimiento

Todas las proyecciones de crecimiento económico del país están a la baja luego de la violencia contra el Estado de derecho en el verano pasado y las lluvias del ciclón Yaku. Los estimados optimistas señalan que este año el país crecerá sobre el 2%, y los pesimistas indican que estaremos debajo de esa cifra. Sin embargo, más allá de estas diferencias, ninguno de estos cálculos permitirá que el Perú siga reduciendo la pobreza.

Como todos sabemos, la pobreza antes de la pandemia sumaba el 20% de la población. Después del coronavirus, del Gobierno de Pedro Castillo y la campaña de la constituyente, este flagelo social afecta al 27.5% de la población; es decir, a más de nueve millones de peruanos. Con el crecimiento proyectado, según el análisis de instituciones y economistas, será imposible reducir esa pobreza.

El Perú, pues, luego de dos décadas ha vuelto a ser una sociedad que aumenta su pobreza. Y si las cosas siguen así, las próximas elecciones nacionales serán las primeras en 20 años en que la pobreza aumente y se convierta en un protagonista a favor de los discursos antisistema.

Ahora bien, ¿por qué la pobreza ha vuelto a aumentar en el Perú? Una aproximación certera podría ser la siguiente: porque la política y los políticos le quitaron respaldo político al crecimiento, a la inversión privada y los mercados. Con el Gobierno de Castillo y las campañas a favor de las nacionalizaciones y la constituyente la política apareció como enemiga del modelo y de la inversión. En ese contexto, era imposible que se concretara una sola nueva inversión en el país. Y eso es precisamente lo que ha sucedido.

En minería, agroexportaciones, servicios y construcción no se conocen nuevas inversiones significativas. Así la inversión privada no crece, la economía se estanca y solo el crecimiento demográfico, inevitablemente, aumenta la pobreza porque la economía no puede absorber la nueva demanda de empleo.

Los políticos no solo se niegan a materializar nuevas reformas, no solo aprueban leyes, normas y reglamentos en contra de la inversión, sino que le quitan cualquier respaldo político al modelo. Los políticos y partidos democráticos solo resistieron, se defendieron y ganaron relativamente ante las propuestas de la asamblea constituyente y el modelo anti inversión. Sin embargo, el bajo crecimiento en curso es la mejor confirmación acerca de que resistir y defender no es suficiente. Se necesita reformar y legislar a favor del relanzamiento de la economía.

Si el Perú lograra concretar las inversiones en cobre en Cajamarca –en proyectos como Conga, El Galeno, La Granja, MIchiquillay, entre otros– en el acto existiría la posibilidad agregar un millón de toneladas métricas de cobre (TMC) a la producción anual de 2. 5 millones de TMC. Con estas nuevas inversiones el país podría crecer sobre el 5% y reducir la pobreza al 15% en pocos años. Sin embargo, para que semejantes objetivos se concreten se necesita respaldo político, movilización política.

Ningún político, ningún partido democrático, parece interesado en promover y defender la inversión privada abiertamente porque, de una u otra manera, están apresados por el relato colectivista que demoniza al empresario como el causante de los males nacionales. Una verdadera barbarie económica, habida cuenta de que el sector privado aporta el 80% de los ingresos del Estado, provee el 80% del empleo y explica el 80% de la reducción de pobreza de las últimas décadas (del 60% de la población a 20% antes de la pandemia).

Los partidos que se enfrentaron a la constituyente de Castillo y del eje bolivariano todavía no entienden que unas elecciones del 2026 con aumento de pobreza sería el escenario perfecto para cualquier propuesta antisistema –ya sea igual o menos radical que la propuesta de Perú Libre–, porque el argumento falaz sobre que “el neoliberalismo” genera exclusión y pobres calzaría con la supuesta realidad.

El crecimiento, pues, es un asunto de primer orden para los políticos que pretenden seguir defendiendo las libertades.