Sin reformas ganará la constituyente

Diversas entidades económicas y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) han revisado a la baja las proyecciones de crecimiento del país en el 2023. Para este año, debido a los huaicos y la violencia política en el verano, el Banco Central ha bajado sus proyecciones de expansión del 2.9% al 2.6%. Si no cambian las tendencias, las cosas no mejorarán en el 2024.  

El gran problema de estas bajas tasas de crecimiento es que no permiten reducir la pobreza. Diversas proyecciones señalan que las tasas de pobreza en los próximos dos años se ubicarían por encima del 27% de la población. 

En otras palabras, luego de la guerra política entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se intensificó con el golpe de Martín Vizcarra (cierre inconstitucional del Congreso) y alcanzó su punto culminante con el golpe fallido de Pedro Castillo y la violencia insurreccional contra el Estado de derecho, el Perú ha pasado de ser una sociedad que reducía pobreza constantemente a una que aumenta este flagelo social. Antes de la pandemia la pobreza estaba debajo del 20% de la población, luego de la pandemia se sitúo sobre el 25% y, si la economía no recupera sus altas tasas de crecimiento, se ubicará sobre el 27%. 

No hay mejor argumento para los sectores que bloquean el crecimiento y proponen una constituyente que el aumento de la pobreza. ¿Qué debemos hacer quiénes defendemos la Constitución y el Estado de derecho? Necesitamos relanzar el crecimiento, pero ese objetivo será imposible si no acabamos con  la guerra política, si no garantizamos la estabilidad de las instituciones hasta el 2026 y el cumplimiento de todos los periodos constitucionales.

Sobre ese presupuesto la mayoría democrática del Congreso que –a pesar de todos los errores acumulados– nos ha salvado de la constituyente, que ha evitado el cierre del Legislativo y que vacó a Pedro Castillo ante el golpe de Estado fallido, debería recordar que no se puede fortalecer la democracia y las instituciones sin crecimiento ni reducción de pobreza. En este contexto, se debería asumir el criterio de simplificar todas los procedimientos que han convertido al Estado en enemigo de la sociedad, la ciudadanía y el sector privado, por las sobrerregulaciones.  La burocratización del Estado ha convertido en letra muerta los principios liberalizadores de la Constitución y de los 22 tratados de libre comercio.

En ese sentido creemos que el Congreso debería superar los prejuicios y yugos culturales que imponen las corrientes progresistas y colectivistas e iniciar una verdadera reforma laboral en el Perú. Se debería instaurar la flexibilidad laboral de los contratos de trabajo como eje de la reforma –al igual que en todos los países desarrollados que han logrado el pleno empleo– y proceder a derogar los decretos laborales del Gobierno de Castillo, que fomentan la sindicalización artificial, que liberalizan en extremo el derecho a huelga y que prohíben la tercerización laboral. Igualmente, se debe restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), absurdamente derogada, que consagra el principio de la flexibilidad laboral en el agro.

Asimismo, el Perú necesita un gran acuerdo nacional para relanzar las inversiones en infraestructuras mediante los mecanismos de las asociaciones público privadas y las obras por impuestos. Sin este acuerdo el Estado no estará en condiciones de gastar los enormes recursos que generan los privados –con el pago de impuestos– mediante inversiones en obras de prevención de desastres naturales, carreteras, conectividad física y digital y la reconstrucción de la infraestructura educativa.

Igualmente necesitamos un gran acuerdo nacional para relanzar la reforma de la educación en base a la meritocracia de la docencia. Se deben postergar las diferencias sobre otros temas. y todos los sectores que coincidan en la meritocracia deberían converger en este objetivo. 

En otras palabras, para que el Perú relance el crecimiento y la inversión privada, y vuelva a ser una estrella mundial en la reducción de pobreza, se necesita estabilidad política y reformas. Todo lo demás son estrategias de poder del progresismo y el comunismo.