Sin infraestructuras, ¡no se relanzará la economía!

Uno de los grandes problemas del país es la informalidad legal. Según diversos estudios se calcula que la informalidad económica y social del país sobrepasa el 60% del total de la sociedad, mientras que la informalidad laboral supera el 75% de los contratos de trabajo. Cuando hablamos de este grave problema solemos señalar que necesitamos reformar la infraestructura legal e institucional para formalizar el país, la economía, el empleo y la sociedad. En otras palabras, necesitamos desburocratizar las regulaciones de uno de los Estados más burocráticos de la región, simplificar los procedimientos, reformar la regionalización y convertir al Estado en amigo de la sociedad, de los ciudadanos, y del sector privado.

No obstante, así como hablamos de la infraestructura legal, cuando se habla de economía y sociedad estamos obligados a hablar de la infraestructura físicas. Es decir, sobre la calidad de los servicios de agua y desagüe y cuánta gente carece de este servicio, acerca del avance y la calidad de los servicios de electricidad, la necesidad de conectar el país con carreteras, ferrocarriles; la urgencia de vincular nuestra economía con el mundo y el comercio internacionales mediante aeropuertos y puertos, y la perentoria necesidad de conectar a la sociedad mediante los sistemas digitales y la revolución de las telecomunicaciones.

Sin infraestructuras es imposible imaginar el desarrollo y el relanzamiento de la inversión privada y la reducción de la pobreza. Un país sin infraestructuras está anclado en el subdesarrollo y todos sus devastadores males. Diversos estudios calculan que el déficit de infraestructuras en el Perú está entre los US$ 110,000 millones y los US$ 125,000 millones. En todos los rankings mundiales sobre infraestructura el país revela el atraso en inversiones de tanta trascendencia. Por ejemplo, en el ranking del 2022, elaborado por el Institute of Management Development (IMD) de Suiza y Centrum de la Universidad Católica (PUCP), el Perú se ubica en el puesto 59 de una muestra de 63 países del planeta.

Uno de los grandes problemas del relanzamiento de las inversiones en infraestructuras tiene que ver con el ordenamiento legal. ¿Por qué? En los países colectivistas y estatistas –es decir, en los países pobres y sin desarrollo que carecen de infraestructuras– generalmente las inversiones en este sector las realiza el Estado. Cuando los precios de los commodities suben en el mercado mundial algunas sociedades se lanzan a construir obras faraónicas, como en Bolivia. Sin embargo, apenas los precios del mercado mundial cambian, las obras se quedan sin mantenimiento y las infraestructuras se degradan, tal como sucedía en los ex países de la Unión Soviética y pasa en la actualidad en Venezuela.

Los países desarrollados, por el contrario, han resuelto los problemas de infraestructuras en base a alianzas público privadas, porque no se trata solo de invertir sino también de mantener y reformar las obras en el mediano y largo plazo. De allí que Estados Unidos, los países europeos y las naciones emergentes de Asia, hoy cuenten con las mejores infraestructuras del mundo.

Por todas estas consideraciones, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se calcula que para resolver el déficit de infraestructuras en América Latina se requiere una inversión anual mínima de US$ 150,000 millones en los próximos 20 años. Sin embargo, para avanzar en esa ruta se necesita reformar la legislación de las asociaciones público privadas, muy cuestionadas en la región y el Perú por los casos de corrupción.

En ese sentido, el Ejecutivo y el Congreso deberían converger para aprobar una reforma integral de la legislación sobre asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos, que permite al sector privado adelantar el pago de impuestos mediante inversiones en infraestructuras, que se realizan en coordinación con los sectores, las poblaciones y las áreas geográficas beneficiadas.

El desarrollo, pues, es la suma de las libertades en política y economía, y del avance de las infraestructuras legales y físicas que permitan el crecimiento y la expansión del bienestar.