Sin flexibilidad laboral, ¡no se relanzará la economía!

Así como se suele hablar de la reforma del Estado, de la simplificación de las sobrerregulaciones y procedimientos que en las últimas tres décadas se han creado en el Estado; así como se propone reformas en los sectores en educación, salud y la solución de los problemas de infraestructuras, igualmente debemos hablar de una reforma laboral como parte del relanzamiento del país, como parte de un nuevo ciclo de crecimiento de la economía que posibilite reducir la pobreza.

La legislación laboral está formulada para fomentar el conflicto, el enfrentamiento entre empleados y empresarios, bajo la creencia de que la lucha es la fuente de la riqueza y prosperidad del trabajador. La historia universal de los últimos dos siglos nos demuestra con absoluta claridad que las únicas sociedades en las que el trabajador ha alcanzado el bienestar son aquellas en donde la legislación laboral convive con el principio fundamental acerca de que la inversión privada y la innovación empresarial, son las únicas fuentes del desarrollo de los trabajadores. 

Todos ya sabemos que las sociedades en donde se legisla en “nombre del trabajador” y en contra de los empresarios “que explotan y extraen la plusvalía”, las empresas estatales se convierten en las mayores fábricas de pobreza de la historia de la humanidad. Así sucedió en los ex países de la Unión Soviética antes de la caída del Muro de Berlín, y así pasa en los regímenes chavistas que aprueban constituciones en contra del sector privado y los mercados. Venezuela ha arrojado al 80% de su población debajo de la línea de la pobreza, pese a tener las mayores reservas de petróleo del planeta.

En este contexto, ¿cuál es la clave de una reforma laboral? Incuestionablemente es el nivel de la flexibilidad laboral. Conceptualmente la flexibilidad en los contratos de trabajo –es decir, la libertad entre trabajadores y empresarios para establecer una relación laboral– parte del concepto de que son las empresas, sus niveles de productividad y rentabilidad, las que determinan la viabilidad de un puesto de trabajo.

Si una empresa crece sostenidamente es absurdo imaginar que pretenda despedir arbitrariamente a un trabajador porque sería destruir a la propia empresa. Igualmente, si una empresa crece sostenidamente el trabajador calificado se vuelve más demandado, más caro, tal como sucede en los países desarrollados; y tal como pasó en el Perú en el régimen agrario –cuando estaba en vigencia la Ley de Promoción Agraria–, bajo cuyo sistema los trabajadores agrarios ganan largamente por encima de la remuneración mínima vital.

En el Perú todo se orienta en contra de la flexibilidad laboral que ha posibilitado que países –según todos los rankings mundiales– tales como Hong Kong, Singapur, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y otros alcancen el pleno empleo. En nuestro país, de una u otra manera, la legislación se orienta a la estabilidad laboral absoluta a semejanza del fracaso de los ex países de la Unión Soviética.

En el año 2001 una resolución del Tribunal Constitucional estableció que el trabajador podía optar por la reposición en el puesto antes que la indemnización, estableciendo que el puesto de trabajo era “un derecho que se declaraba” y no una realidad económica concreta. Una torpeza de enormes consecuencias económicas y sociales. Allí está el más de 75% de informalidad en el empleo del país.

Como parte de ese erróneo camino hacia la estabilidad laboral absoluta, durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti se derogó la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), la mejor norma económica de la historia republicana, que posibilitó formalizar de 460,000 empleos directos e indirectos en el sector agrario en el 2004, hasta más de un millón de empleos directos e indirectos en la actualidad. Además, permitió bajar la pobreza en las regiones agrarias por debajo de la media nacional.

Durante el Gobierno de Castillo, igualmente, como parte de la ruta a la estabilidad laboral absoluta, se promulgaron decretos laborales que prohíben la tercerización, que fomentan la sindicalización artificial en fábricas, sectores y grupos, y que liberalizan en extremo el derecho a huelga.

En cualquier caso no solo se trata de las izquierdas comunistas y progresistas, sino que toda la élite política nacional parece haberse comprado el relato progresista sobre la estabilidad laboral y la demonización del empresariado. Allí están los decretos de Castillo que nadie se atreve a derogar.