En el corredor minero del sur –que integran las regiones...
El Decreto Supremo 004-2022 del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri), que prohíbe el uso de la leche en polvo en la industrialización de la leche evaporada siempre fue presentado como una norma que busca favorecer a los pequeños ganaderos. Sin embargo, ha sucedido todo lo contrario y las pequeñas unidades de producción han sido largamente afectadas.
En cualquier caso, no existe un solo argumento atendible presentado por los defensores del mencionado decreto, excepto el de la promoción y protección de la pequeña ganadería. Por ejemplo, basta recordar que para el Codex Alimentarius de la ONU y para la FDA de los Estados Unidos (Administración de Alimentos y Medicamentos), la leche en polvo solo es la leche deshidratada, carente de líquido. Luego de que a este producto se le mezcla con agua recupera todas sus vitaminas, proteínas y grasas en la leche natural.
¿Qué ha sucedido luego de la promulgación del señalado decreto? Antes vale recordar que la producción de leche fresca solo abastecía el 70% de la demanda nacional. De ese total, el 50% era comprado por la industria láctea y el 50% restante por las micro y pequeñas empresas. En ese escenario la leche fresca no cesaba de subir de precio. Por ejemplo, desde el 2021 subió en alrededor del 25%.
En este contexto, el decreto que prohíbe el uso de la leche en polvo importada en la elaboración de leche evaporada impide la utilización de la leche en polvo para estabilizar las diferentes calidades de la leche fresca producida en el país. Como sabemos, por falta de inversión, tecnologías y conocimiento, gran parte de los pequeños ganaderos no produce leche fresca de acuerdo a los estándares internacionales que demanda la industria láctea.
Por estas consideraciones la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) ha denunciado que el mencionado decreto solo ha servido para deprimir los precios que se ofrecen a las pequeñas unidades de producción, ante la imposibilidad de utilizar la leche en polvo. Muy por el contrario, los grandes ganaderos –es decir, quienes promovieron el mencionado decreto del Midagri– han logrado acrecentar sus ganancias ante la escasez del insumo nacional.
En el mencionado decreto que analizamos se percibe toda la naturaleza del llamado “mercantilismo legal” que se suele definir como la capacidad de un determinado grupo de presión para hacer pasar una ley o una norma para conseguir beneficios, afectando la libre competencia.
Al respecto vale recordar que en el país existen aproximadamente 400,000 unidades de producción de leche fresca; sin embargo, más del 86% de ellas son pequeñas unidades, con menos de diez cabezas de ganado. En este contexto, la imposibilidad del uso de leche en polvo para estabilizar las diferentes calidades del producto se convierte en la peor amenaza para los pequeños productores.
Por todas estas consideraciones, el Ejecutivo y el Congreso deberían proceder a derogar ese decreto supremo del Gobierno de Pedro Castillo que, en nombre de los pobres y pequeños ganaderos, solo ha terminado afectando a las pequeñas unidades de producción.
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