Servicios por Impuestos y la reforma del Estado

Piura fue el escenario que la presidente Keiko Fujimori eligió para anunciar un nuevo modelo de inversión y de gestión: si el Estado no puede solo, que trabaje con quien sí tiene músculo, maquinaria y billetera. El 1 de septiembre nació Servicios por Impuestos, y dos días después se convirtió en el Decreto de Urgencia N.° 010-2026.

La fórmula es tan simple como necesaria: empresas privadas invierten dinero para descolmatar ríos, limpiar cauces, levantar defensas ribereñas o rehabilitar viviendas rurales, y luego recuperan lo invertido descontándolo del Impuesto a la Renta, mediante certificados regionales y locales. Nada nuevo bajo el sol, si ya existían las Obras por Impuestos; pero aquí está el giro inteligente: no se trata de construir una obra completa con expediente técnico bajo el brazo, sino de ejecutar servicios de emergencia con la velocidad de quien no tiene tiempo para papeleos.

Y de velocidad se trata todo. El decreto obliga a resolver la selección de empresas en apenas diez días hábiles, firmar el convenio al día siguiente de la adjudicación, y cerrar todo el proceso —desde la priorización hasta la firma— en menos de 30 días hábiles, cuando antes esto tomaba hasta 95 días de trámite burocrático. La Contraloría, además, no emitirá informe previo, aunque conserva el control posterior. El sustento no es capricho político: el ENFEN (Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional  del fenómeno de El Niño) advierte una alta probabilidad de un Niño costero extraordinario entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con 893 distritos de la costa norte y centro ya declarados en emergencia.

Que la Confiep solicitara este modelo de gestión desde fines de agosto confirma que el sector privado estaba listo para actuar,  mientras el Estado seguía atrapado en sus propios procedimientos. Movilizar maquinaria y capacidad de ejecución privada ya disponible, sin esperar meses de expedientes, es exactamente lo que el país necesita cuando la naturaleza no negocia plazos.

Pero saltarse el informe previo de la Contraloría, aunque quede el control posterior como consuelo, es jugar con fuego. Decidir primero y fiscalizar después significa que, si algo sale mal, el daño ya estará hecho, el dinero ya se habrá ido y la obra, quizás, seguirá tan inconclusa como los miles que hoy existen bajo el ámbito de los gobiernos subnacionales. Contratar en cuatro días hábiles con solo dos postores invitados es ágil, sí, pero también puede ser el espacio de irregularidades y cuestionamientos. Asimismo, la norma debe definir qué actividades entran y cuáles no en el modelo de servicios por impuestos, un vacío que el Ejecutivo debe cerrar antes de que se desaten los aguaceros.

El anuncio del modelo de Servicios por Impuestos viene al lado de ofrecimientos de inversión para enfrentar el evento climático: S/ 800 millones para 380 puntos críticos, S/ 450 millones para defensas ribereñas, S/ 350 millones contra la sequía.

Servicios por Impuestos puede ser, si se ejecuta con seriedad, la prueba de que el Estado peruano puede moverse a la velocidad que exige una emergencia climática. Asimismo, puede ser el laboratorio de la reforma del Estado en donde se organiza un aparato público con procedimientos simplificados y transparentes que -no obstante la premura- deben ser fiscalizados por todas las entidades correspondientes del Estado. Puede ser un laboratorio en donde se redefinan relaciones constructivas entre el Estado y el sector privado, entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales. Un laboratorio también en donde la agilidad de los proyectos supere los graves problemas de corrupción que afectan al aparato estatal.