Se restablece tránsito en corredor minero, pero se necesita plan de largo plazo

Al cierre de esta edición, el tránsito en el corredor minero del sur –en donde se emplazan las minas que producen cerca del 50% del cobre nacional– había sido desbloqueado en casi todos los puntos críticos. Como se conoce, desde el 7 de diciembre pasado –luego del golpe fallido de Pedro Castillo– las minas Las Bambas, Antapaccay y Constancia y otras unidades más pequeñas (que suman alrededor del 35% de la producción de cobre nacional) no podían trasladar el cobre al puerto y menos acopiar insumos para las operaciones mineras. Las cosas llegaron a tal extremo que Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, anunció la paralización de todas sus operaciones el 1 de febrero pasado.

El desbloqueo del tránsito en el corredor minero del sur se produce casi simultáneamente con el anuncio de Alberto Otárola, presidente del Consejo de ministros (PCM), acerca de una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la policía nacional del Perú (PNP) para recuperar todas las áreas mineras bloqueadas por minorías radicales. El PCM hizo una mención especial a la mina de estaño San Rafael, en Puno, que ha comenzado a recuperar gradualmente sus operaciones. Los señalados anuncios se formularon durante la PDAC, uno de los más importantes congresos mundiales de exploración minera, desarrollado en Canadá.

A nuestro entender, se trata de una noticia extraordinariamente positiva que revela que el Estado de derecho y el sistema constitucional comienzan a consolidar una victoria nacional sobre la violencia. Es lo mínimo que se le puede demandar a un Estado que se reclame como tal. El Perú, en su condición de segundo productor mundial de cobre, ¿cómo iba a permitir que las áreas donde se produce la mitad del metal rojo del país continúen convulsionadas, y su producción paralizada? En ese sentido, se debería considerar como activos críticos a todas las regiones mineras en general. Igualmente se debe tener especial atención con las minas emplazadas en el sur de Ayacucho: Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa.

Sin embargo, para restablecer el Estado de derecho, el Estado, el Ejecutivo, deben desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo, una estrategia basada en el diálogo y el respeto a la ley y el orden. ¿A qué nos referimos? Según informaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el 2022 –por conceptos de canon y regalías– las empresas mineras del país transfirieron a los gobiernos regionales más de S/ 10,000 millones (un récord histórico); sin embargo, los gobiernos regionales apenas ejecutaron alrededor del 60% de sus proyectos de inversión. Por el fracaso del Estado en la distribución de la renta –que pagan las empresas a través de impuestos– en las regiones mineras la prosperidad de las minas, de los distritos cercanos a los proyectos mineros y de las empresas y economías que se generan con la inversión, se convierten en verdaderas islas rodeadas de exclusión, lo que se expresa en falta de carreteras, sistemas de agua y desagüe, colegios, postas médicas y electricidad.

El Gobierno entonces debe convocar una alianza entre las comunidades, el Estado y las empresas para sacar adelante las inversiones que redistribuyen la riqueza minera, incluso buscando una legislación especial que supere la ineficiencia de los gobiernos regionales. 

Por otro lado, si el Ministerio Público y el Poder Judicial no se deciden a procesar y detener a los vándalos –todos ellos identificados– que suelen bloquear carreteras y asaltar operaciones mineras, no tendrá viabilidad ningún esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la PNP para restablecer el orden, ni del Ejecutivo para sacar adelante los proyectos de inversión frustrados y demorados por el radicalismo antisistema. Finalmente, si el Estado de derecho no defiende la Constitución y las instituciones con el único procedimiento de la democracia –es decir, la aplicación de la ley– no funcionará ninguna estrategia para restablecer la paz y la producción en las áreas mineras.