¿Se repite la historia antiminera en Tambogrande?

Días atrás el alcalde del distrito de Tambogrande (en Piura), Alfredo Rengifo, se reunió Violeta Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros, y con la presidente del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, para “exigir” la derogatoria de los Decretos Supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM, que otorgan las concesiones mineras dentro de los 50 km de zona de frontera norte en Tambogrande y Las Lomas de Piura. Se trata de un posible proyecto minero cuyo concesionario es la empresa minera canadiense ArcoIris SAC.

Al respecto vale aclarar que las concesiones otorgadas a ArcoIris todavía están en fase de exploración, y abarcan alrededor de 16,300 hectáreas, incluido el Valle de San Lorenzo (en Tambogrande). En otras palabras, el hecho de que se le hayan dado las concesiones a la mencionada empresa no significa que se desarrolle un proyecto minero. La fase exploratoria no significa explotación.

Sin embargo, el alcalde de Tambogrande ha empezado a implementar una estrategia para impedir la posible ejecución de un proyecto minero. El principal argumento es que la minería moderna no puede coexistir con la agricultura. Semejante relato ha sido varias veces rebatido con infinidad de argumentos, sin embargo los antimineros insisten.

Lo curioso es que el alcalde permanece en silencio frente a la minería ilegal que se ha extendido en Tambogrande y, sobre todo, en el Valle de San Lorenzo. Según medios periodísticos locales, en el 2018 el entonces director regional de Energía y Minas, Francisco Javier Varillas Trelles, denunció la existencia de 1,400 mineros ilegales en la zona. El actual director, Aquiles Portal Tafur, indica que hoy existirían más de 4,500. Asimismo, el referido funcionario señala que casi el 80% de esos mineros está en la zona de Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Cuchicorral, San Sebastián y Servilleta. 

Sobre el tema vale recordar que, a principios del año 2005, la empresa Manhattan Sechura Compañía Minera, subsidiaria de la canadiense Manhattan Minerals, anunció su retiro definitivo del Perú y del proyecto minero Tambogrande debido a la fuerte oposición social, encabezada por grupos radicales de izquierda. El argumento principal del grupo radical señalaba que el proyecto minero Tambogrande contaminaría las aguas de los ríos Quiroz y Chipillico, arrasaría el valle de San Lorenzo y arruinaría la producción de mango y limón, principales productos agrícolas del distrito. Luego de esta feroz campaña, que incluyó leyendas sobre la desaparición del ceviche, Manhattan abandonó el proyecto y aparecieron miles de mineros informales que empezaron a utilizar mercurio y cianuro para producir oro.

Es en este contexto que se debería reflexionar sobre el tema. Se eliminó una concesión formal a una empresa canadiense que cumple todos los estándares ambientales, paga impuestos y puede ser fiscalizada por el Estado. Luego del retiro de la canadiense aparecieron miles de mineros informales que hoy contaminan y destruyen las posibilidades de la agricultura.

Veremos, entonces, cuál es la decisión de las dos autoridades. Tanto Bermúdez como la presidenta del Congreso tienen posiciones no favorables a las inversiones mineras. Incluso Vásquez ha sido abogada de Grufides, una ONG de clara orientación antiminera.

Esperemos que con ArcoIris no se repita lo que sucedió con Manhattan, la primera empresa que quiso ejecutar un proyecto minero en la zona y que fue rechazada debido a una operación mediática y llena de falsedades, impulsada por el arco antiminero.