Durante los años cincuenta y sesenta las izquierdas com...
En el Perú, hablar de conectividad es hablar de desigualdad. Mientras en las grandes ciudades el acceso a internet es cotidiano, más de 20,000 centros poblados rurales siguen desconectados del mundo digital. Esta brecha no es solo tecnológica: es una fractura social, económica y educativa que impide el desarrollo igualitario del país. Ante este panorama, surge una pregunta urgente: ¿por qué el Perú no tiene aún un satélite de comunicaciones propio?
No se trata de una fantasía futurista ni de un lujo tecnológico. Es una necesidad concreta en áreas críticas como defensa nacional, educación, salud, inclusión digital y eficiencia del Estado. La falta de infraestructura satelital propia nos mantiene atados a servicios extranjeros caros, fragmentados y poco confiables, debilitando nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y frenando el desarrollo de millones de peruanos.
Defensa: comunicación estratégica sin soberanía no es defensa
El Perú enfrenta múltiples amenazas naturales —terremotos, huaicos, incendios forestales— y desafíos geopolíticos cada vez más complejos. En cada emergencia, la coordinación entre las Fuerzas Armadas, Defensa Civil y gobiernos locales depende de una red de comunicaciones robusta. Hoy, esa red no es peruana.
Al depender de satélites alquilados y redes terrestres vulnerables, el país está expuesto a fallos críticos justo cuando más se necesita autonomía. Un satélite propio permitiría mantener comunicaciones en tiempo real incluso cuando la infraestructura terrestre colapse, asegurando canales seguros y continuos durante crisis.
Además, zonas estratégicas como el VRAEM o regiones fronterizas amazónicas, claves en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, carecen de conectividad confiable. Un satélite permitiría monitoreo constante, mejor inteligencia y capacidad de despliegue rápido, dotando al país de herramientas clave para proteger su integridad territorial.
Educación: sin conexión, no hay igualdad
Durante la pandemia, miles de escolares quedaron fuera del sistema educativo simplemente por no tener internet. La brecha digital se hizo visible con crudeza: mientras en Lima las clases continuaban por Zoom, en la Amazonía y los Andes muchos niños ni siquiera podían escuchar la radio.
Más del 70% de los centros poblados rurales no tienen servicios móviles. Pretender cerrar esa brecha con redes terrestres es inviable en un país con una geografía tan accidentada. La fibra óptica no llegará pronto —ni barata— a las alturas de Puno o los rincones del Putumayo. En cambio, un satélite de comunicaciones permitiría cobertura nacional en cuestión de meses, habilitando internet para escuelas rurales, plataformas educativas, bibliotecas digitales y formación docente a distancia.
No se trata de un milagro tecnológico, sino de garantizar un derecho básico: el acceso igualitario al conocimiento.
Salud y servicios: más allá del internet
La desconexión digital también cuesta vidas. En zonas remotas, un centro de salud sin conexión es un centro de salud aislado. La telemedicina, las historias clínicas digitales, la coordinación de emergencias y la capacitación médica requieren conectividad. En lugares donde el hospital más cercano está a días de camino, una videollamada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Un satélite también transformaría el funcionamiento del Estado. Actualmente, menos de 50 instituciones públicas usan servicios satelitales, cuando hay más de 2,000 entidades en todo el país. Con una red propia, el gobierno podría digitalizar trámites, garantizar servicios públicos eficientes y transparentes, y avanzar hacia un Estado moderno, sin papeles, sin colas y con menos corrupción.
Ahorro e inversión: lo caro es seguir alquilando
En 2023, el Perú gastó más de 54 millones de dólares en servicios satelitales alquilados. A este ritmo, en 15 años se habrán desembolsado más de 325 millones: suficiente para haber comprado y operado un satélite propio de alta capacidad.
Hoy, un satélite de telecomunicaciones tipo HTS cuesta entre 180 y 325 millones de dólares. Esta inversión no solo se recupera con el ahorro en alquiler, sino que abre la puerta a ingresos adicionales. El Estado podría revender capacidad a operadores privados, estimular la competencia, llevar internet a más regiones y generar un ecosistema digital más dinámico.
Más aún: contar con un satélite propio fortalecería las capacidades nacionales en tecnología aeroespacial, impulsaría la formación de ingenieros y técnicos peruanos, y permitiría alianzas internacionales para transferencia de conocimiento. El caso del PerúSAT-1 en observación terrestre lo demostró: tener un satélite no solo da autonomía, también construye soberanía tecnológica.
Una decisión de país, no de coyuntura
Brasil, Argentina, Bolivia y México ya han optado por tener satélites propios. No fue una cuestión de lujo, sino de visión de país. En Perú, los obstáculos ya no son técnicos ni financieros: son políticos. Falta decisión para dar un paso estratégico que reduzca la desigualdad, fortalezca el Estado y conecte a todo el territorio.
Un satélite de comunicaciones propio es una herramienta concreta para mejorar la vida de millones de personas. Permitiría llevar educación, salud, oportunidades económicas y seguridad a los lugares donde hoy no llega ni una señal de celular. No es solo tecnología: es justicia.
Seguir esperando es condenar a otra generación a la exclusión. El momento de actuar es ahora.
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