¿Se detienen las agroexportaciones?

El desempeño de las agroexportaciones nacionales, el segundo sector productivo del país (después de la minería), hace rato pudo haber ofrecido mejores resultados al país. ¿Qué falta? Por un lado la ampliación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360), estancada en el Congreso de la República, y por otro lado,  el impulso a los grandes proyectos hídricos también paralizados por la inacción de las autoridades. Los resultados están a la vista. En el primer semestre del año, las exportaciones agropecuarias registraron un débil incremento de 4%. 

Sobre la Ley de Promoción Agraria, el Ejecutivo de Martín Vizcarra cuestiona un dictamen consensuado en el Parlamento,  sobre el aporte de las empresas agrícolas a EsSalud, de 4%, que para el Ejecutivo debe ser 9%. Las empresas han organizado servicios médicos para sus trabajadores y familiares debido a la ausencia de EsSalud en las zonas rurales. Respecto al periodo de vacaciones, el Ejecutivo propone 30 días anuales, en lugar de 15 días. La flexibilidad laboral, que caracteriza a Ley Nº27360, hace que los trabajadores estén ocupados todo el año en diferentes empresas debido a las labores estacionales, de siembra, mantenimiento y cosecha. Los indicadores poblacionales señalan que la costa agroexportadora, desde el norte hasta Ica, ha incrementado su población (58% de la población nacional) por las mejores oportunidades laborales. 

El horizonte agrícola peruano sería de los mejores si los proyectos de irrigación más importantes del país hubieran sido destrabados por las autoridades. Es el caso de Chavimochic III en La Libertad, Majes Siguas II en Arequipa y Alto Piura. De acuerdo a un reporte del BBVA Research, si estos proyectos estuvieran listos, el país dispondría de 127,500 hectáreas de nuevos territorios cultivables y 79,000 hectáreas de tierras mejoradas para más frutas y hortalizas de exportación.

Chavimochic III está detenido por un proceso de arbitraje relacionado con el caso de corrupción Lava Jato y la empresa Odebrecht. Majes Siguas II está estancado porque las autoridades no definen el cambio de tecnología, de canales abiertos a tubería e irrigación tecnificada. La obra, de US$ 660 millones con la nueva tecnología, se paralizó con un avance de 16%. La concesión del proyecto Alto Piura, con un avance del 13.2%, fue retirada por el gobierno regional, argumentado que el Consorcio Obrainsa Astaldi abandonó la obra sin razones suficientes. Paltiture, en Puno, también está abandonado por el capricho infantil del ex gobernador de Puno Walter Aduviri. “El agua es de Puno y allí se queda”, ha señalado la ex autoridad sentenciada por el Poder Judicial y con orden de detención.    

Lo curioso es que un proyecto de la Contraloría General de la República, con el fin de destrabar las inversiones, también continúa pendiente. Es decir, la producción agrícola del país (la actividad exportadora, a gran escala) no depende de las inversiones ni de la tecnología de riego, tampoco de la calificación y experiencia de los trabajadores ni de los terrenos disponibles, sino de los funcionarios del Ejecutivo y de los gobiernos regionales, que no resuelven debidamente la situación de los proyectos. 

El sector agroindustrial, en los últimos 18 años, ha demostrado ser el sector productivo con el mejor desempeño: de US$ 800 millones a casi US$ 7,000 millones en exportaciones. Entre 1999 y 2010 el sector ofreció 1.42 millones de nuevos puestos de trabajo, con beneficios y derechos sociales. Según la Asociación de Exportadores (Adex), este año, del total de los empleos generados por las exportaciones, el 45% pertenece al sector agroindustrial. Es más, proyecciones de Adex señalan que las exportaciones agrarias pueden aportar el 27% al Producto Bruto Interno (PBI) en los próximos años. Esto sería posible con la continuidad de la Ley de Promoción Agraria y con más agua suministrada por los proyectos hídricos estancados. ¿Sabrán esto en el Ejecutivo?

La izquierda anticapitalista instalada en los gobiernos locales y regionales detiene los proyectos de agua de regadío necesarios para reducir pobreza, informalidad y desempleo; la misma izquierda antiperuana que detiene proyectos en otros sectores productivos del país. Por esto, según la Agencia de Promoción para la Inversión Privada (Proinversión), en 2018, el incremento de las inversiones fue 0.3%. ¡Casi nada!