Salvemos el agro restableciendo vigencia de Ley de Promoción Agraria

La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se ha convertido en una verdadera bomba nuclear en contra de las agroexportaciones y el agro en general. Las cosas son tan graves que desde la mencionada derogatoria no se registra ninguna nueva inversión en el sector, no obstante que, durante dos décadas de vigencia de la Ley 27360, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones. Un verdadero crimen económico y social. 

Las ventas de agroexportaciones –que crecieron de US$ 621 millones a US$ 10,000 millones en el 2022– inevitablemente, dejarán de aumentar desde el 2024 por falta de nuevas inversiones. Al respecto vale preguntarse, ¿cómo en los últimos 20 años se captaron tantas inversiones en un sector en el que las estatizaciones velasquistas habían alejado a los capitales, generalizando la pobreza? La Ley 27360 establecía un régimen tributario especial para personas naturales y jurídicas, con un 15% para el impuesto a la renta (en el régimen general llega a 30%), una depreciación anual de 20% en inversiones hidráulicas y de riego, y la devolución anticipada del IGV. 

¿Por qué el régimen tributario especial? Porque las inversiones agrarias suelen madurar en quinquenios o décadas, y representan enormes riesgos para el inversionista. Igualmente. Las inversiones buscaban ganar tierras al desierto mediante proyectos hidráulicos y de riego, antes que otro tipo de maquinaria. El desarrollo de las agroexportaciones, pues, demandaba un régimen especial para captar inversiones y promover la permanente reinversión de utilidades.

La campaña del comunismo, el colectivismo y el progresismo en contra de la Ley de Promoción Agraria fue brutal e inclemente, repleta de mentiras y leyendas. Por ejemplo, se sostuvo que el Estado dejaba de recaudar por el régimen especial. ¿Cómo se puede dejar de recaudar algo si gracias a esa legislación las agroexportaciones se multiplicaron en casi 1,500%? Es evidente que la masa imponible se expandió como nunca en la historia de la economía nacional.

Otra de las grandes mentiras del comunismo y el progresismo en contra de una de las mejores normas económicas de nuestra historia es que la Ley 27360 solo favorecía a las agroexportadoras. Una mentira de principio a fin: el régimen tributario especial era para todo el agro y se constituyó en una herramienta clave para seguir formalizando un sector que concentra cerca de 95% de informalidad.

Al respecto vale recordar un dato extremadamente relevante: el milagro agroexportador se desarrolla en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura (la mayoría ganada al desierto), mientras que el 95% restante de tierras está conducida por más de dos millones de minifundistas, cada uno con no más de cinco hectáreas, que desarrollan actividades de subsistencia. 

Para que los minifundistas se formalicen e ingresen a los círculos virtuosos de la agroexportación y el desarrollo se requiere que el Estado termine de titular y formalizar los predios, que se promueva la asociatividad para desarrollar economías de escala, que se desarrollen obras de infraestructura hídrica y que se conecten las áreas del interior con los principales mercados regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, ninguna de estas medidas tendrá efecto real en la formalización agraria si no existe un régimen tributario especial, tal como lo establecía la Ley de Promoción Agraria derogada.

Por todas estas consideraciones, para salvar las agroexportaciones y promover la formalización en el agro, el Congreso debe restablecer la vigencia plena de la Ley de Promoción Agraria.