Salvemos a Las Bambas de la violencia de minorías radicales

El Perú es el segundo productor mundial de cobre, con 2. 5 millones de toneladas métricas (TMC) y es el tercer país del planeta con más reservas probadas de este metal. El cobre es el metal del futuro, es el metal de la IV revolución industrial, de los autos eléctricos y de las energías renovables. Las proyecciones indican que la demanda mundial se duplicará en las próximas dos décadas.

El cobre entonces puede convertirse en una bendición para el país si afirmamos el Estado de derecho y si el Estado se reforma para distribuir la riqueza minera a las poblaciones más excluidas. Sin embargo, todas esas posibilidades están amenazadas si en 2023 continúa la situación de Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, que ha reducido en más de la mitad sus proyecciones anuales de producción por la acción de minorías radicales, de estudios de abogados inescrupulosos y de oenegés de izquierda anticapitalistas.

Las Bambas representa una inversión de más de US$ 10,000 millones y aporta el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y más del 75% de los ingresos de la región Apurímac. Las Bambas genera más de 8,000 puestos de trabajo directos y alrededor de 75,000 indirectos. Algo sorprendente: antes de que la mina entrara en operaciones la pobreza en los 84 distritos de Apurímac –región donde se emplaza la operación– sobrepasaba el 60% de la población. Luego de la inversión, este flagelo social bajó a menos de 40% en promedio en los distritos apurimeños. Asimismo, luego de entrar en operaciones Las Bambas, Apurímac pasó de ser la penúltima región en presupuesto a convertirse en la segunda. Si las cosas no han avanzado más es por el fracaso y las deficiencias del Estado en la redistribución de la riqueza minera que aporta Las Bambas.

Sin embargo, desde el inicio de sus operaciones, Las Bambas padeció el embate del radicalismo antiminero, que fue alentado y promovido por las oenegés anticapitalistas que suelen recibir financiamiento de sectores mundiales que compiten con la producción de cobre nacional. Más tarde aparecieron los abogados y asesores que pretendieron envolver “jurídicamente” la estrategia antiminera. El resultado: desde que empezó la inversión minera se han sucedido 17 meses de bloqueos que han impedido trasladar el mineral al puerto. Es decir, en alrededor de siete años de operaciones, hubo casi dos años de paralizaciones. Un verdadero crimen social contra los pobres del país.

En medio de esta situación, abogados inescrupulosos desarrollaron “argumentaciones jurídicas” para justificar la violencia y los asaltos al campamento minero. Así sucede, por ejemplo, con algunas decenas de pobladores de Huancuire que invadieron el tajo Chalcobamba, no obstante que durante tres años la minera desarrolló todas las consultas a la población y tramitó todos los permisos ante el Ministerio de Energía y Minas. El tajo Chalcobamba está llamado a reemplazar la producción del tajo Ferrobamba, que se explota desde el inicio de la operación.

Las estrategias del radicalismo antiminero y de las oenegés anticapitalistas han logrado lo que parecía imposible: desplomar en más de 50% la producción anual de la mina. Las Bambas tiene una proyección de producción anual de 400,000 TMC; sin embargo, en el 2022 solo se consiguió producir 220,000 TMC, en el preciso momento en que el precio de la libra del cobre alcanzaba récords históricos.

Si el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones republicanas no deciden salvar a Las Bambas, el Estado habrá fracasado en el país y el desarrollo de la minería moderna se habrá convertido en una enorme interrogante.