Resolución del TC: en defensa de los contribuyentes y la propiedad

La resolución del Tribunal Constitucional (TC) que establece que las demoras y negligencias del Estado no pueden incrementar los intereses de la deuda tributaria ha generado un debate importante sobre el papel del contribuyente y las prerrogativas de la autoridad tributaria. Es evidente que las negligencias del Estado en la parte administrativa (instancias de la Sunat, Tribunal Fiscal, etc.) y judiciales en la determinación de la deuda tributaria de ninguna manera deberían representar el incremento de las deudas de los contribuyentes. En el caso del Perú, más del 50% del total de la deuda se suele constituir por intereses y moras.

En ese sentido, las reacciones del procurador de la autoridad tributaria y del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –que se oponen a la resolución del TC argumentando que se afectará el proceso de recaudación tributaria– parecen apuntar a defender un orden de cosas absolutamente inviable. ¿A qué nos referimos? En Perú aproximadamente el 99% del universo empresarial está en informalidad, mientras que solo el 1% cumple todas sus obligaciones tributarias. Es sobre este sector reducido de contribuyentes sobre el cual el Estado se dedica a sobrerregular, a plantear procesos interminables, y pretende que las negligencias estatales formen parte de los intereses de la deuda tributaria.

En vez de avanzar hacia una reforma tributaria que posibilite ampliar la base de contribuyentes (desde reducción de impuestos hasta unificación y simplificación de los regímenes), el Estado pretende seguir ahogando a un reducido número de empresas que, como se dice, paran la olla en cuanto a los ingresos del Estado. Vale recordar que el sector privado, como tal aporta alrededor del 80% de los ingresos fiscales.

El Estado no solo se niega a desarrollar una reforma tributaria para ampliar el número de contribuyentes, sino que, igualmente, se opone a cualquier reforma estatal que implique reducir gastos. Vale señalar que el presupuesto del Gobierno central, de los gobiernos subnacionales, y de las empresas estatales representa aproximadamente un tercio del PBI nacional, de más de US$ 200,000 millones.

De alguna manera, pues, la sentencia del TC reproduce los grandes debates de las sociedades que han alcanzado el desarrollo. Debates alrededor de los derechos de los contribuyentes frente a los estados que tienden a consumirlo todo, ignorando que la única fuente de riqueza para la sociedad y el Estado son las empresas, el tejido empresarial que genera empleo, y recursos fiscales.

En el Perú las argumentaciones acerca de que la resolución del TC destruirá la recaudación fiscal del Perú y que solo favorece y consolida los privilegios de las grandes empresas provienen de la narrativa que señala que “los trabajadores crean la riqueza y que los empresarios solo se dedican a explotar, a extraer la plusvalía y a robar a los pobres”. Semejantes relatos parecen atravesar toda la sociedad, y esa es una de las explicaciones de la grave crisis social que enfrenta el país. 

Semejante historia sobre los trabajadores que crean la riqueza, a lo largo de todo el siglo XX y el XXI, se ha demostrado como una falsedad de principio a fin. En el siglo pasado, los ex países de la Unión Soviética desarrollaron uno de los mayores procesos de expropiaciones de la propiedad y crearon infinidad de empresas estatales. En vez de crear riqueza, dichas sociedades se convirtieron en las mayores fábricas de pobreza de la humanidad.

La resolución del TC que establece que las negligencias del Estado no deben incrementar los intereses de la deuda tributaria, entonces, representa una clara defensa del contribuyente y de la propiedad; es decir, del sujeto y la institución sin los cuales la sociedad caería en el colectivismo empobrecedor.