En el corredor minero del sur –que integran las regiones...
El Perú necesita volver a crecer a tasas que permitan seguir reduciendo la pobreza. Con expansiones económicas menores al 3% en este año y el 2024 es imposible generar empleo para los 300,000 jóvenes que se incorporan a la economía anualmente. Únicamente basta señalar que cada punto del PBI crea alrededor de 90,000 empleos. En otras palabras, con la ralentización de la economía el Perú vuelve a ser una sociedad que aumentará la pobreza.
Por estas consideraciones es necesario desarrollar las reformas institucionales y económicas que posibiliten relanzar el crecimiento en el mediano y largo plazo: reforma del Estado, simplificación de procedimientos y sobrerregulaciones, reformas educativa y de salud, cierre de brechas de infraestructuras y reforma laboral, entre otras. Sin embargo, en los próximos años el Perú debería ser capaz de relanzar proyectos de inversión que la guerra política y la conflictividad social han detenido absurdamente. Quizá esta aproximación se resuma en más minería en el norte y más agroindustria en el sur.
Las inversiones mineras que se concentran mayoritariamente en el sur, y que han convertido al Perú en potencia minera mundial (segundo productor planetario de cobre), deben replicarse en el norte. Por ejemplo, el proyecto Río Blanco, emplazado en las provincias de Ayabaca y Huancabamba en Piura, con una inversión proyectada de cerca de US$ 2,800 millones para producir 200,000 toneladas métricas de cobre (TMC), creará 5,000 puestos de trabajo en la construcción y 1,200 en la operación. Igualmente generará 7,000 empleos indirectos. Y a pesar de la pobreza de las provincias altas en Piura, el proyecto está detenido por la acción del radicalismo antiminero.
Una de las cosas más paradójicas del Perú, considerando que más del 25% de la población está en pobreza (cerca de ocho millones de peruanos) es el bloqueo y la paralización de las inversiones en el llamado cinturón de cobre del norte en Cajamarca. Los proyectos El Galeno, Conga, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay, suman inversiones de más de US$ 16,000 millones y agregarían un millón de TMC a la producción anual del Perú (actualmente de 2.5 millones de TMC). Con la operación de estas minas el Perú crecería sobre el 5% anual y, en pocos años, reduciría la pobreza por debajo del 15% de la población.
En el sur, el proyecto de cobre Tía María está paralizado por la acción del radicalismo antiminero, pese a contar con todos los permisos y autorizaciones. Con una inversión de US$ 2,000 millones el proyecto producirá 120,000 TMC anuales, generará S/ 300 millones en canon y regalías, y creará 9,000 empleos en la zona de influencia.
Al lado de los proyectos mineros, la agroindustria en las últimas dos décadas se convirtió en uno de los motores fundamentales del crecimiento. Las agroexportaciones crecieron de US$ 621 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se crearon más de un millón de empleos directos e indirectos. Sin embargo, el milagro agroexportador todavía no se ha extendido hacia el sur. El proyecto Majes Siguas II es una gran oportunidad.
Con las aguas del río Siguas, el proyecto Majes Siguas II generará energía eléctrica e irrigará más de 40,000 hectáreas (ha) de nuevas tierras que se incorporarán a la agroexportación mediante predios de más de 200 ha, con el objeto de crear economías de escala, evitar la pobreza y subsistencia del minifundio y atraer inversión y capital. Y, sobre todo, con el objeto de crear 50,000 empleos, entre directos e indirectos.
El Perú, pues, necesita relanzar el crecimiento para seguir reduciendo la pobreza. Superando las limitaciones de los gobiernos regionales, el Ejecutivo y el Congreso deberían converger para desarrollar más minería en el norte y más agroindustria en el sur. No se puede defender la Constitución y el Estado de derecho sin relanzar el crecimiento.
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