Relanzamiento de la minería y Southern Perú, el motor del sur

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que se destrabarán alrededor de US$ 40,000 millones en proyectos mineros en los próximos cinco años de la administración de la presidenta Fujimori. La suma representa dos tercios de la cartera minera del país, que alcanza los US$ 64,075 millones.

Si el Perú logra avanzar por la ruta anunciada por el titular del MINEM, nuestra sociedad podría aprovechar el superciclo de precios de los minerales y dejar de perder una oportunidad histórica. La posibilidad de reducir la pobreza por debajo del 15% al final de este gobierno sería entonces real, frente al 25.7% actual.

Los anuncios del nuevo gobierno sobre el relanzamiento de la minería coinciden con la presentación del estudio El motor del sur, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), que analiza cómo Southern Perú Copper Corporation (SPCC) contribuyó a transformar decisivamente las economías de Moquegua y Tacna desde 1960 hasta la actualidad.

Los resultados son contundentes. Entre 2004 y 2024, Southern Perú aportó S/ 49,440 millones al Estado, equivalentes al 57.4% del presupuesto agregado de los gobiernos subnacionales de Moquegua y Tacna durante ese periodo. Solo en 2024, el aporte fiscal alcanzó S/ 3,231 millones, de los cuales S/ 2,248 millones correspondieron al Impuesto a la Renta, S/ 327 millones al Impuesto Especial a la Minería y S/ 389 millones a regalías mineras. En los próximos diez años, ambas regiones recibirían otros S/ 18,000 millones.

Pero reducir el aporte de Southern Perú a la recaudación sería desconocer la verdadera dimensión de la minería como motor de la tarnsformación económica y social. El estudio muestra que en 1981 el 52.6% de las viviendas del área de influencia de SPCC ya contaba con agua, frente al 27.5% registrado en distritos comparables sin minería. En desagüe, la diferencia llegó a ser de cuatro a uno. La economía de Moquegua, además, se multiplicó 21 veces desde 1960, casi el doble del promedio nacional.

El empleo constituye otra evidencia. Southern Perú registró en 2024 un total de 4,818 trabajadores directos y 5,651 contratistas. Según el IPE, cada empleo directo de la minería genera otros 5.9 empleos en Moquegua y 6.6 en Tacna mediante efectos indirectos e inducidos. Bajo esta estimación, los empleos directos de Southern habrían generado alrededor de 15,300 puestos adicionales en Moquegua y 14,800 en Tacna.

La importancia de la actividad minera se refleja también en la estructura productiva. En Moquegua, la minería representó el 42.8% del Valor Agregado Bruto (VAB) en 2024 y tuvo una participación importante en el empleo formal privado. No se trata, por lo tanto, de una actividad aislada: alrededor de la minería se articulan proveedores, contratistas, comercio, transporte y servicios.

A ello debe sumarse la inversión directa en infraestructura. Desde 2011, Southern Perú comprometió más de S/ 1,350 millones en 34 proyectos mediante Obras por Impuestos, principalmente en transporte y educación, además de iniciativas de saneamiento y salud. A diciembre de 2025, 19 proyectos estaban concluidos y seis en ejecución. La inversión social de la empresa también pasó de S/ 1.5 millones en 2008 a S/ 169 millones en 2024.

Esta experiencia contiene una lección para el relanzamiento de la minería peruana. El desafío no consiste simplemente en extraer minerales y recaudar impuestos, sino en lograr que la actividad minera genere un ecosistema de desarrollo alrededor de sus operaciones. Cuando existen inversión, empleo formal, infraestructura y proveedores locales, la minería deja de ser únicamente una actividad extractiva y se convierte en un motor económico regional.

Sin embargo, también existe una advertencia que el país no puede ignorar. El IPE señala que el impacto de los recursos mineros depende de la capacidad de los gobiernos subnacionales para convertirlos en infraestructura y servicios de calidad. La limitada capacidad técnica, la rotación de funcionarios y los riesgos de corrupción pueden impedir que una parte importante de los recursos termine transformándose en bienestar para la población.

Hay, además, un dato que debería obligarnos a reflexionar. El retraso de proyectos mineros por trámites y conflictividad significó, según el estudio, S/ 134,000 millones en producción no realizada y más de 42,000 empleos perdidos. Es decir, el costo de no invertir también existe y puede ser enorme.

La experiencia de Southern Perú en el sur demuestra, finalmente, que el debate sobre la minería debe abandonar las consignas y concentrarse en resultados. Moquegua y Tacna muestran lo que puede ocurrir cuando una inversión minera permanece durante décadas, genera empleo, aporta recursos fiscales y participa en la construcción de infraestructura. El relanzamiento de la minería anunciado por el Gobierno tiene, por ello, una oportunidad que no debería desperdiciar: convertir los US$ 40,000 millones que se pretende destrabar en inversión, producción, empleo y desarrollo para todo el país.