Preservar concesiones mineras formales ante avance de minería ilegal

Cuando se llama a combatir la minería ilegal no solo se convoca a preservar el orden y la ley sancionados en la Constitución, la ley y los tratados internacionales, sino que también se invoca a respetar el sistema de derechos de propiedad, la inversión privada y un modelo de desarrollo en el Perú. En otras palabras, se trata de preservar el sistema de propiedad en minería que le ha permitido al Perú convertirse en una potencia minera mundial. El mismo sistema de propiedad que ha transformado a Canadá, Australia y Chile en las potencias mineras de todo el planeta.

En otras palabras, cuando se llama a combatir la minería ilegal se convoca a preservar el Estado de derecho. La minería ilegal no solo destruye los parques y reservas naturales, los ríos, la flora y la fauna, sino también a las concesiones mineras de talla mundial que están en el país. ¿Cómo? Invadiendo las áreas con reservas probadas de mineral que las compañías han desarrollado luego de años y millonarias inversiones en exploración. Se trata virtualmente de un robo escandaloso.

En la provincia de Pataz, en La Libertad, y el corredor minero del sur, en donde se produce cerca del 40% del cobre nacional, la minería ilegal asalta e invade concesiones formales. En Pataz se registran 12,000 volquetes anuales que transportan el mineral ilegal; y en Apurímac el tajo Sulfobamba, de minera Las Bambas, la cuarta empresa mundial en producción de cobre, está invadida por mineros ilegales.

Considerando que el precio de la libra de cobre está sobre los US$ 6 y la onza de oro en alrededor de US$ 5,000 y la renuncia de las instituciones del Estado de derecho a combatir este flagelo es incuestionable que la minería ilegal seguirá avanzando. En este contexto, ¿puede prosperar el gran proyecto minero del Perú? De ninguna manera.

Los dos problemas que posibilitan el avance de la minería ilegal es la conversión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en un registro permanente pese a su naturaleza provisional y la ausencia de fiscalización de las plantas de beneficio (empresas mineras sin concesiones) que procesan el mineral de los productores artesanales. En algunas de ellas se procesa el mineral ilegal.

La inscripción en el Reinfo exonera de las responsabilidades penales por ejercer minería ilegal. He allí el escudo protector del avance de esta lacra social. En el diario El Comercio se acaba de denunciar que tres productores ilegales investigados por la fiscalía de lavado de activos están registrados en el Reinfo. Es una larga y recurrente historia. 

Por otro lado, en el país existen alrededor de 357 plantas de beneficio que –a diferencia de las empresas formales que pagan impuestos, generan empleo formal y preservan el medio ambiente– únicamente están supervisadas y vigiladas por los gobiernos regionales. Bajo esta realidad se ha llegado a exportar US$ 12,000 millones en oro ilegal; es decir, dos tercios de todo el dinero que mueven las economías ilegales. 

Muy por el contrario, las empresas formales que pagan impuestos al Estado, preservan el medio ambiente y generan alrededor de 2 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos están supervisados por la Sunat, la OEFA del Ministerio de Ambiente, por la Dirección General de Minería del Sector Energía y Minas, por Sucamec del Ministerio del Interior, por la Sunafil del sector Trabajo, por el Senace e, incluso, por el Senamhi. Asimismo, la minería formal está bajo vigilancia de la Autoridad Nacional del Agua, de Serfor, el Ministerio de Agricultura y otras entidades.

Si el nuevo gobierno y el Estado se movilizan en contra de la minería ilegal este flagelo sería destruido con extrema rapidez y se relanzaría la minería moderna en el Perú que, en tres décadas, ha acumulado más de US$ 60,000 millones en inversiones.