Reforma agraria y amenazas a la minería moderna

El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, reza el dicho. En ese sentido, el asesor económico de Perú Libre, Pedro Francke, acaba de anunciar que en un posible gobierno del “lápiz” de todas maneras se implementará una segunda reforma agraria. Según Francke, la segunda reforma agraria significará la “revolución y la dignificación del campesino” y se desarrollará, por ejemplo, a través de créditos agrarios y asistencia técnica.

En otro momento, nos detendremos a analizar la propuesta de Francke en el campo. Ahora analizaremos el impacto de la propuesta en minería. ¿Qué tiene que ver el desarrollo de la segunda reforma en el agro con la minería moderna en el país? En el Plan Bicentenario Sin Corrupción, el novísimo documento de Perú Libre, hay una propuesta que, sin duda, es una amenaza directa al desarrollo de nuevos proyectos mineros con inversión privada. En el documento se afirma que se va a “organizar las decisiones del uso de las tierras desde los niveles locales de microcuencas… hacia un ordenamiento territorial basado en el desarrollo local”. Se añade también que se va a “instaurar el instrumento de gestión Presupuesto Territorial Concertado para el desarrollo rural y agrario”.

¿Hacia dónde apunta la izquierda con las propuestas de un nuevo ordenamiento territorial? La izquierda ha venido sosteniendo que los acuíferos que abastecen la agricultura y el consumo humano, generalmente, surgen sobre los 3,000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Un argumento sin ningún sustento científico ni técnico. ¿Por qué? Porque los acuíferos que abastecen la agricultura y el consumo humano solo se originan de las lluvias, y depende de las estrategias de desarrollo de un país la construcción de represas y reservorios para la llamada “cosecha de agua”.

Los países que han alcanzado el desarrollo y una relación armónica entre consumo humano, agricultura y minería, son aquellos que han construido represas para captar el agua de las lluvias y abastecer a la sociedad. La propuesta del nuevo orden territorial de la izquierda y Perú Libre, entonces, solo busca detener, bloquear y cancelar la mayoría de inversiones de cobre en el Perú, que generalmente se emplazan por encima de los 3,000 m.s.n.m. Una estratagema conocida y que ha detenido las inversiones; sobre todo, en Cajamarca.

Pues bien, el sueño anhelado de toda la izquierda antiminera y post extractivista es justamente eso: la instauración de lo que se denomina el “ordenamiento territorial”. ¿Qué quiere decir ello? En la propuesta de la izquierda antiminera, el ordenamiento territorial es “un modelo de desarrollo territorial sostenible, que armoniza los objetivos de desarrollo económico y social”. Es decir, palabras y más palabras; solo se busca bloquear las posibilidades de inversión minera del país.

La propuesta de la izquierda siempre fue que el ordenamiento territorial sea vinculante; es decir, que el documento sea parte de la planificación estratégica de los gobiernos regionales. Ya en junio del 2020 el Tribunal Constitucional declaró que el ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica “no podrán definir de manera exclusiva el uso de determinado territorio para un fin”.

En el nuevo documento de Perú Libre, el ordenamiento territorial se convierte en una espada de Damocles contra cualquier proyecto minero. Sin embargo, surge una pregunta necesaria: en caso de llegar al poder, ¿Perú Libre seguirá alimentando estas teorías descabelladas sobre las cabeceras de cuenca? ¿O se embarcará en una carrera frenética para explotar el cobre y utilizar políticamente la riqueza minera, tal como el chavismo lo hizo con el petróleo en Venezuela?