Editorial Economía

Perú Libre y los hidrocarburos

La propuesta de nacionalizar las inversiones en el sector

Perú Libre y los hidrocarburos
  • 22 de junio del 2021

La noticia reciente de que en el periodo enero-mayo del 2021 las empresas que trabajan en el sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano un total de US$ 358 millones de regalías –por el desarrollo de sus actividades productivas en el territorio nacional–, es especialmente buena en las circunstancias actuales. No obstante la buena nueva, y en el actual contexto de incertidumbre política (las instituciones aún no declaran a un ganador de la segunda vuelta), es importante conocer las propuestas de Pedro Castillo, candidato que disputa la presidencia con Keiko Fujimori, para el sector hidrocarburos.

Antes cabe explicar lo siguiente. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) la contribución de las regalías del sector hidrocarburos –US$ 358 millones– representó un crecimiento de 110.9% con relación a los US$ 170 millones que abonaron las compañías petroleras por regalías en el periodo de enero a mayo del pasado año. De allí que sea importante la reactivación de una industria que podría convertirse en un puntal del crecimiento y la reducción de pobreza.

Dicho lo anterior, analizaremos las propuestas de Perú Libre, que son aterradoras, a pesar del supuesto aggiornamento de las últimas semanas, por parte de su “nuevo” equipo económico liderado por Pedro Francke. Es decir, los dos documentos presentados por Perú Libre, tanto el Ideario-Programa como el “Plan Bicentenario sin corrupción” son –honestamente– una copia del modelo boliviano en el sector hidrocarburos, que ha traído resultado fatales para el país altiplánico.

Por ejemplo, en el Ideario-Programa se contempla la estatización sin rubor de los denominados sectores estratégicos, y que “el Estado peruano debe proceder a la nacionalización (…) de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y de comunicaciones, entre otros”. En otra parte del mismo documento se señala que se “cambiará la proporción de ganancias a favor del Estado peruano” para que se “haga acreedor del 70% u 80%, y el privado transnacional del 30% o 20%”. Asimismo, se añade “que si el Estado peruano lo hiciera, como ha ocurrido en Ecuador y Bolivia, cada gobierno regional recibiría una cifra promedio de US$ 4,000 millones”.

En el “Plan Bicentenario sin corrupción”, elaborado por el novísimo equipo moderado, se señala que en el caso del gas “se deberá construir una Red Nacional de Gasoductos, fortaleciéndose la gestión de empresa pública, y regulando una política de subsidios”. En otras palabras, la reedición del Estado empresario, como en la Refinería de Talara.

El modelo boliviano del Estado empresario es una viga principal en la arquitectura teórica del “lápiz”. Dicho modelo –es decir el boliviano–, según los expertos, no solo creó la sensación de mayor recaudación, sino que también ha destruido la institucionalidad del sector en Bolivia. Hoy la inversión privada en exploración es prácticamente cero. A lo anterior se agrega el alza del precio del petróleo (ligado al del gas), que anotó récords históricos durante la primera mitad del gobierno de Evo Morales (2006-2014), y el efecto recaudador del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que fue creado un año antes de que Morales accediera al gobierno.

En resumen, las propuestas de Perú Libre siguen la senda estatista. Días atrás hubo una reunión para definir lo que sería “irrenunciable” en el partido del lápiz, en caso de ser gobierno, y se insiste en la nacionalización de los sectores estratégicos. En reiteradas oportunidades se ha señalado aquí la necesidad de una norma de exploraciones simple, basada en la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), con el fin de atraer inversiones extranjeras. Pero todo ello caerá en saco roto.

 

  • 22 de junio del 2021

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