Perú Libre desatará tragedia con colectivización del agro

A diferencia de Fuerza Popular –que ha presentado a Marco Vinelli, economista y experto en temas agrarios, como parte de su equipo de gobierno–, Perú Libre propone a los cuatro vientos una segunda reforma agraria sin contar con especialistas en el agro. Asimismo, en el plan de Perú Libre, con propuestas de expropiaciones y nacionalizaciones maquilladas para no espantar a los votantes indecisos, tampoco existe sustentación sobre la reforma agraria propuesta.

Para Carlos Cabrejos, investigador forestal, la gran reforma anunciada sería simplemente “el acaparamiento” de territorios cultivables por parte del Estado colectivista. De esta manera, los derechos de propiedad del campo serán revisados, como también lo serán los contratos de concesión de las actividades mineras, de hidrocarburos y forestales. 

El Estado –por intermedio de los gobiernos regionales y municipales, cooperativas agrarias, sociedades agrícolas de interés social y otras modalidades colectivistas– tendrá el monopolio de la tierra y del procesamiento, transporte, almacenamiento y comercialización de la producción agropecuaria. El Estado totalitario que propone Pedro Castillo, asumirá la producción de frutas y verduras, así como la crianza de ganado y especies acuícolas en base a criterios ideológicos, sin criterios técnicos y de mercado.

En la misma línea, un puñado de burócratas elegidos por la cúpula de Perú Libre decidirá el futuro de la alimentación de los peruanos. Las dietas alimenticias serán unificadas para toda la población, sobre la base del viejo programa fracasado de la “chacra a la olla”, ejecutado durante la dictadura socialista de Juan Velasco. No habrá oportunidad de mejorar los índices nutricionales de los niños y personas mayores, porque las importaciones de alimentos industrializados estarán prohibidas con el fin –según los comunistas– de proteger la producción nacional. 

Con Castillo, los terrenos de los propietarios de medianas y pequeñas parcelas seguirán un curso de atomización. “La tierra es para quien la trabaja” oiremos nuevamente de las autoridades y voceros socialistas. No hay garantía de que las propiedades destinadas a la agricultura, por ejemplo, alquiladas a inversionistas del campo no sean confiscadas. Nadie estará libre de expropiaciones. Los militantes revolucionarios le estarán poniendo el ojo a las propiedades ajenas que quieren hacer suyas con el favor del gobierno comunista. Esto ha sucedido en los setenta. Medianos parceleros de Satipo (en Junín) y de otros lugares se vieron obligados a transferir sus propiedades para evitar la confiscación malvada.

Se impondrán los comités de vigilancia de las cooperativas y otras modalidades colectivistas, conformados por personas alineadas con ideologías y sin ninguna competencia en temas agrarios. Seguirán las líneas matrices de un ministerio de desarrollo agrícola tomado por mentalidades atascadas en el siglo XIX. Los productores agropecuarios estarán atados a las directrices del ente rector, sin oportunidad de decidir en sus terrenos según sus criterios y experiencias.

Cabrejos también ha señalado que existe un claro desdén por los bosques amazónicos por parte de Castillo. “Ninguna mención a la conservación productiva de los bosques, la fauna silvestre y las actividades industriales asociadas a la selva”, ha señalado el investigador. En el plan de Perú Libre no existe interés por el bienestar de los pobladores amazónicos ni por la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales.

En un gobierno de Castillo, los 7.6 millones de hectáreas agrícolas permanecerán en la misma condición de desaprovechamiento. En los bosques, el 60% del territorio nacional permanecerá libre de las concesiones suficientes y necesarias para detener el incremento del cultivo de hoja de coca. La madre de los crímenes nacionales continuará impune. Así también el imperio de Sendero Luminoso en la Amazonía.