En el Perú, hablar de conectividad es hablar de desigua...
La semana pasada informamos que proyecto de litio de Macusani Yellow Cake SAC (Puno), que suma inversiones por US$ 860 millones para explotar 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio, se ha paralizado por la burocracia y la tramitología del Estado. Considerando los problemas que se acumulan en las inversiones en el Corredor Minero del Sur y las proyecciones de crecimiento que apenas llegan al 2.5%, las noticias con respecto a las inversiones en litio son devastadoras.
En un editorial anterior informamos que Macusani Yellow Cake SAC (MYC) —que tiene a la multinacional canadiense Plato Energy Metal como principal accionista— pagó los derechos de vigencia por concesiones y las correspondientes penalidades por falta de inversiones mínimas en julio pasado. La mencionada compañía cuenta con 151 concesiones que abarcan 93,000 hectáreas. Vale precisar que MYC adquirió diversas concesiones con más de 12 años de vigencia, por lo que las penalidades se trasladan al comprador. Por ello, MYC tenía cerca de US$ 2 millones en penalidades. Sin embargo, la compañía inició trámites ante el sector para excluir penalidades. La exclusión fue aceptada por la autoridad.
Ante esta situación MYC debía pagar una UIT por cada una de las 32 concesiones excluidas de penalidades. El plazo para cancelar vencía el 2 de julio pasado. El señalado día a las 4:03 el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) comunicó a MYC que las 32 concesiones estaban exoneradas de penalidades. Antes de las 4:30 p.m. la empresa entregó en ventanilla de Ingemmet los vouchers de los pagos. Sin embargo, Ingemmet solo reconoció la cancelación de 14 concesiones, por lo que la exoneración de las 32 concesiones quedaba sin efecto. Por esta absurda tramitología se ha desatado un conflicto entre un inversionista y el Estado. Más que absurdo.
La burocracia y la tramitología de Ingemmet le hace un daño terrible al proceso de inversiones en recursos naturales, sobre todo considerando que las marchas y contramarchas del Estado en el proyecto Tía María han enviado terribles señales a los inversores. El caso del litio el perjuicio es incalculable. Considerando los precios de este mineral, los 4.7 millones de toneladas en carbonato de litio suman alrededor de US$ 50,000 millones dólares, porque el precio de la tonelada es de alrededor de US$ 10,600, luego de haber sobrepasado los US$ 12,000.
El mundo está buscando litio, un mineral muy escaso y que es uno de los principales animadores de la IV Revolución Industrial porque resulta fundamental para construir las baterías de los teléfonos inteligentes, piezas claves de los motores de los autos eléctricos, y para participar en la vertiginosa carrera de la inteligencia artificial. Allí donde se encuentra litio se suele hallar otros metales muy valiosos y de gran demanda. Por ejemplo, el Perú tiene reservas proyectadas de 4.7 millones de carbonato de litio, 131 millones de libras de uranio e ingentes cantidades de potasio, que transformarían al país en potencia exportadora de productos agropecuarios.
¿Cómo entonces la burocracia se atreve a poner trabas a las inversiones en litio? Los US$ 18 millones programados por MYC para convertir recursos en reservas y empezar el estudio de impacto ambiental, simplemente, están paralizados.
Es difícil entender la indolencia de la burocracia estatal para con el proceso de inversiones, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza. Este año el país crecerá menos de 3% del PBI. De pronto nos empezamos a acostumbrar a tasas ridículas de crecimiento y comenzamos a aceptar que los más de 6 millones de pobres sigan aumentando.
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