Nuevo ataque contra el Oleoducto Norperuano

El Oleoducto Norperuano (ONP) ha sido nuevamente atacado. Un nuevo corte de 25 centímetros en la tubería ha sido detectado por personal de patrullaje de Petroperú. El acto de sabotaje se produjo en el kilómetro 401 del ONP (Tramo II, en la región Amazonas), cerca al río Wiwaco. Según Petroperú, este es el tercer corte provocado en el presente año. ¿Qué está pasando en el país?

En julio pasado, en contra de la voluntad de un grupo de comuneros de la localidad de Manseriche, personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Ministerio Público (MP) ingresó hasta el kilómetro 237 del Ramal Norte del ONP para verificar si el derrame de petróleo ocurrido los primeros días de julio había sido ocasionado intencionalmente. Es decir, un acto de sabotaje contra un recurso económico nacional. ¿Por qué el presidente Vizcarra no aplica la ley, ordenando a las fuerzas del orden vigilar los recursos nacionales y contener los actos de sabotaje? ¿Acaso está jugando al deterioro económico y social para arrinconar al país hacia las propuestas de los sectores antisistema?

Según Petroperú, estos actos de sabotaje producen pérdidas irreparables de US$ 100 millones anuales. No existen exploraciones de hidrocarburos por la falta de estabilidad social y una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), paralizada y cuestionada por el Ejecutivo. La selva peruana ha sido tomada por el narcotráfico, taladores ilegales, contrabandistas de madera y extorsionadores vinculados a las federaciones de indígenas y senderistas. Estos grupos criminales se han apropiado de la selva. El Estado no existe donde los recursos forestales y de hidrocarburos abundan. 

Es evidente que existen fuerzas antiperuanas que, a sus anchas, pretenden impedir el bienestar del país. Las inversiones de talla mundial —respetuosas del medio ambiente, las leyes y las costumbres locales— prefieren lugares estables, donde la ley y los contratos se respetan. Martín Vizcarra no solo no tiene una estrategia energética para el país sino que, además, es reacio a respaldar a los sectores productivos que ofrecen divisas, renta, canon, regalías, empleo directo e indirecto y convenios de cooperación con las comunidades para ejecutar toda clase de programas de desarrollo. Si esta situación continúa, la producción nacional estará fuera de toda expectativa (crecimiento del PBI de menos del 3%) y la zozobra nacional puede acabar con las instituciones, el Estado de derecho y las libertades. 

Una escalada en contra de la producción peruana se ha iniciado en el sur y amenaza con alcanzar a todo el país. Grupos violentistas vinculados a la extrema izquierda han tomado la línea férrea y el puerto de Matarani para impedir los envíos de mercancía minera y agrícola al exterior. Según se ha señalado, US$ 500 millones en productos de exportación están varados en el sur. La pasividad (y hasta complicidad) del Ejecutivo de Martín Vizcarra frente a la ola de atentados es preocupante. ¿Quién invertirá en un país donde la autoridad se pone de perfil sin establecer la ley? ¿Quién está detrás de todo?

El marxismo y la izquierda peruana tienen planes definidos para bloquear la economía nacional. Son campeones organizando frentes, comités de luchas y distintos gremios sociales para crear escenarios adversos al sistema de mercado y la democracia. Con esta estrategia anticapitalista orientan al país hacía un Estado totalitario, mercantilista, subsidiario y de prebendas. Perú podría convertirse en una nueva Venezuela.