En el corredor minero del sur –que integran las regiones...
Durante el año y medio de gobierno de Pedro Castillo, del Movadef, de Perú Libre y de los núcleos del eje bolivariano, quedó en absoluta evidencia la directa relación entre las propuestas para estatizar las inversiones en recursos naturales y colectivizar la economía y la instalación de una asamblea constituyente que redactaría una nueva Carta Política. La estatización de la economía y la constituyente, de una u otra manera, se convirtieron en las dos caras de una misma moneda, en las dos caras de una estrategia que pretendía quebrar el Estado de derecho e instalar un proyecto totalitario.
No se trata de ninguna novedad. Todos los proyectos totalitarios y autoritarios en la historia de la humanidad siempre se han propuesto acabar con el sector privado de la economía porque la inversión, el crecimiento y la expansión de las clases medias siempre se convierten en obstáculos cuando se pretende controlar el poder. De allí que el agresivo capitalismo de Estado en China y Vietnam, por ejemplo, desarrolle encrucijadas frente al crecimiento y el aumento de sus clases medias: la sociedad se vuelve más compleja y difícil de controlar.
Por todas estas consideraciones no es arbitrario sostener que el capitalismo y el desarrollo de una economía con mayoritaria presencia del sector privado es una de las condiciones para la existencia de la democracia, las libertades y el desarrollo de libertades. Así ha venido sucediendo a lo largo de los últimos tres siglos. No es de extrañar que en Corea del Norte y Cuba, países sin sector privado, no haya nada parecido a libertades y control del poder político.
En este contexto, el Gobierno de Castillo y sus anuncios de nacionalizaciones y propagandas a favor de una constituyente se convirtieron en los peores enemigos de la continuidad de la inversión privada y el régimen económico consagrado en la Constitución. De alguna manera el Gobierno de Castillo fue el caballo de Troya que, utilizando la Carta Política, llegó al poder y pretendió dinamitar el orden constitucional desde adentro. Sin embargo, para lograr ese objetivo necesitaba destruir la economía, detener el crecimiento, e iniciar el aumento de la pobreza. Cuando las clases medias retroceden y se empobrecen suelen desarrollar una desesperación que los lleva a elegir a los verdugos que las decapitarán.
Sin embargo, a pesar de toda la movilización estatal para destruir la economía como paso previo de la constituyente, el Ejecutivo pasado, si bien lentificó el crecimiento, no pudo desmontar el modelo por los seguros establecidos en la Constitución. En este contexto, la economía, la defensa de la inversión y los empleos, se convirtieron en los enemigos más soberbios del proyecto de instalar una constituyente. El gobierno de Castillo reevaluó la estrategia y se decidió por batallas parciales, promulgando decretos laborales para fomentar la creación artificial de sindicatos y la guerra de clases.
¿A qué viene este sumario recuento de las relaciones entre la economía y la constituyente? A nuestro entender los sectores que convergieron para resistir el proyecto del eje bolivariano hasta hoy no han extraído las lecciones sobre el vínculo entre economía y política. Casi todos los partidos de la oposición, influenciados y controlados por las narrativas de las izquierdas, tienen pudores y vergüenzas en su defensa del sector privado por temor a aparecer al lado del empresariado. Por ejemplo, nadie se atreve a derogar los decretos laborales que prohíben la tercerización, fomentan la sindicalización artificial y liberalizan en extremo el derecho de huelga con el objeto de incrementar la conflictividad social, bloquear nuevas inversiones y detener las existentes.
Si los partidos democráticos no entienden las relaciones entre economía de mercado y sistemas de libertades, entonces será extremadamente difícil evitar la llegada de un nuevo Pedro Castillo al poder. Es hora de construir una narrativa para entender el crecimiento como una manera de controlar el poder y evitar el totalitarismo.
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