Minería y desarrollo en Cajamarca

La región de Cajamarca, ubicada en el norte del Perú, enfrenta un gran desafío, que demanda un análisis exhaustivo. A pesar de albergar en su subsuelo una riqueza mineral considerable, la población en general parece haber asumido las leyendas y falsas narrativas difundidas por los activistas antimineros y corrientes ideológicas de izquierda radical. Estas perspectivas han arraigado la creencia de que la actividad minera es intrínsecamente antagónica a la agricultura, contamina los recursos hídricos y vulnera el entorno ecológico. Este conjunto de ideas ha conducido a la inmovilización de los valiosos yacimientos minerales que yacen en Cajamarca. Como consecuencia de esta inacción, la región ha ido decayendo económicamente, y hoy es una de las más desfavorecidas en el contexto nacional. De hecho, una estadística contundente revela que 16 de los 20 distritos con índices de pobreza más acentuados en el país están en Cajamarca, región en la que más del 44.3% de la población subsiste en condiciones precarias.

Hasta finales de 2019, antes del advenimiento de la pandemia de covid-19, la problemática de la pobreza en el Perú incidía apenas en el 20% de la población. Entre las regiones particularmente vulnerables figuraba Cajamarca, con el 37.9% de su población sumida en la pobreza. No obstante, la coyuntura económica peruana ha experimentado transformaciones significativas, afectada tanto por las secuelas de la pandemia como por el desastre que significó el Gobierno del expresidente Pedro Castillo. Por eso la incidencia de la pobreza en el Perú ha experimentado un fuerte ascenso; en esta trayectoria, la región de Cajamarca se ha visto afectada por un impacto económico de considerable magnitud. Un reciente informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que más de 76,000 habitantes de Cajamarca han caído en la abismal profundidad de la pobreza solamente en el último año.

No obstante, en medio de este panorama desolador, existe una salida a la actual coyuntura de Cajamarca. La cristalización de su importante cartera de inversiones en el sector minero podría insuflar un cambio trascendental en la región en un horizonte de tiempo relativamente breve, incluso podría llegar a convertirla en una de las regiones con los ingresos per cápita más altos del país. Al norte de Cajamarca, específicamente, hay un conjunto de seis proyectos mineros de envergadura enfocados en la extracción de cobre, y que conforman lo que ha sido denominado el "cinturón de cobre del norte". Entre estos proyectos figuran El Galeno, Conga, La Granja y Michiquillay, que suman una inversión total de más de US$ 16,200 millones. En caso de materialización, estos proyectos producirían de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre anuales, generando progreso económico y social y una transformación significativa en la actual dinámica regional.

Entre esos proyectos, el más próximo a concretarse es Michiquillay, cuyo inicio de producción está previsto para el año 2029. Este yacimiento tiene una reserva que supera las 2,200 millones de toneladas de minerales de valor distintivo; principalmente cobre, pero también oro, plata y molibdeno. Con una inversión de US$ 2,500 millones, Michiquillay está llamado a convertirse en un elemento importante para la minería peruana. Hay que señalar que el proyecto ha obtenido la totalidad de los permisos requeridos para la fase exploratoria, además de la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en octubre del año precedente. Asimismo, en febrero del presente año, se gestionó la autorización para emprender las actividades de explotación.

En este contexto, Southern Perú, la entidad concesionaria de Michiquillay, ha optado para sus operaciones, por una estrategia íntimamente ligada al desarrollo sostenible. Con miras a atenuar el impacto ambiental del proyecto, se está efectuando la implementación de tecnologías y procesos innovadores. Además, Southern Perú se encuentra inmersa en un proceso de diálogo con las autoridades locales y regionales, así como con las comunidades vecinas. Esta interacción busca fomentar iniciativas de desarrollo sostenible en la región. Como resultado de estas conversaciones se ha llegado a acuerdos sólidos entre la empresa y las comunidades de Michiquillay y La Encañada. Entre esos acuerdos figura la creación del Fondo Social Michiquillay (FSM), para la gestión y administración de los recursos aportados por la concesión minera del proyecto.