¡Mayoría de peruanos sí puede pagar vacuna!

Es incuestionable que los yerros acumulados por la administración Vizcarra durante el manejo de la pandemia no solo causaron una de las letalidades más altas del planeta (por millón de habitantes), sino que arruinaron al Estado: déficit de 10% del PBI, aumento de la deuda pública sobre el 35% del PBI y caída general en la recaudación. El Estado está, entonces, virtualmente quebrado, con la urgencia de hacer un ajuste; no dramático, pero ajuste al fin y al cabo.

Los únicos que no entienden esta realidad son los colectivistas, comunistas y los burócratas ideologizados, que creen que los recursos fiscales salen de la letra de un decreto o de una ley. Es decir, se aumenta impuestos y el sector privado –al igual que la gallina de los huevos de oro del cuento– proveerá los recursos. Los estatistas ignoran que cuatro quintos de los ingresos del Estado provienen de las empresas y la sociedad. En el estatista, la ideología es más fuerte que cualquier realidad.

Sin embargo, el hecho de que el Estado ingrese a una etapa de quiebra, de ninguna manera significa que la sociedad en general corra la misma suerte. Por ejemplo, pese a los estropicios económicos de la izquierda en el Congreso y en el Ejecutivo, todos los economistas –los optimistas y los pesimistas– señalan que la pobreza ha aumentado en 10% de la población durante el 2020. Es decir, el Perú tiene hoy un 30% de pobres.

Al margen de la catástrofe de estos resultados, es evidente que la mayoría de la sociedad todavía no está en situación de pobreza. Alrededor de un 70% de los ciudadanos se salva de esa lacra económica y social. Sin embargo, igualmente, los economistas señalan que cerca del 20% de la población no pobre permanece en una situación de vulnerabilidad que la acerca a la pobreza.

Cualquiera sea el análisis, debemos concluir que, a diferencia de Venezuela u otros países, en el Perú la mayoría de la población no es pobre, y cerca de la mitad debe ser considerada como de clase media. ¿A qué vamos? El ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha señalado su abierta oposición a que el sector privado importe y distribuya vacunas contra el Covid, frente al fracaso general del Estado, el aumento de la letalidad y el escándalo de las vacunas VIP. Los argumentos del ministro Ugarte no resisten el menor análisis, sobre todo cuando estamos hablando de salvar vidas y evitar la quiebra económica de las familias.

Si el Estado no puede garantizar la inmunización de la sociedad para el 2021, ¿qué argumento puede existir para que el ministro de Salud le diga a las familias peruanas algo así como “espera el cronograma del Estado fallido y vemos si vives o no”? No, ni la Constitución, ni las leyes, ni los tratados internacionales lo permiten. Es hora de ejercer la autodefensa de la vida y la salud de las familias frente al fracaso general del Estado.

En este portal lo hemos señalado hasta la saciedad: una estrategia con los seguros privados, las AFP y la empresa privada podría garantizar la inmunización de 20 millones de peruanos en corto tiempo. Las vacunas conseguidas por el Estado deberían, entonces, orientarse a los sectores más pobres y excluidos del país, mientras que los sectores que pueden pagar la vacuna deberían hacerlo como una manera de aportar al Perú en momentos de fracaso y quiebra general del Estado.

No hay argumento más humanitario que buscar la convergencia del sector público y privado para inmunizar a la sociedad. La mayoría puede pagar la vacuna contra el Covid. Si el Estado pretende poner una banda de precios, que lo haga en el acto y se proceda a la importación. El sector privado no pretende comprar vacunas por criterios de rentabilidad, sino para salvar vidas y evitar la quiebra general de la economía, la sociedad y el Estado.

Si el ministro Ugarte y los colectivistas de la administración Sagasti se siguen oponiendo a la importación de vacunas por el sector privado, adrede estarán agravando la tragedia nacional para luego echarle la culpa “al modelo neoliberal del capitalismo expoliador”.