Luego del golpe fallido y la violencia, ¡preservar el modelo económico!

El ciclo de enfrentamiento y polarización entre peruanos que desató el gobierno de Pedro Castillo comienza a ser derrotado por el sistema democrático. Sin embargo, la lamentable muerte de 60 peruanos por el sistemático ataque a comisarías, el ataque y destrucción de aeropuertos, el incendio y saqueo de empresas privadas, el bloqueo de carreteras para destruir la producción y los mercados, debe recordarnos que la lucha contra el proyecto comunista y del eje bolivariano será ardua y prolongada.

No obstante, una de las lecciones que nos deja la polarización es el odio visceral de las corrientes colectivistas en contra del modelo económico peruano. Todo indica que el Foro de Sao Paulo y el eje bolivariano no están dispuestos a aceptar que el Perú se convierta en una isla que defiende su Estado de derecho y preserva un modelo basado en la inversión privada, el crecimiento y la generación de empleo. Si las cosas se mantuvieran en la región, el Perú se convertiría en un polo de desarrollo rodeado de fábricas de pobreza: siempre y cuando Chile, Colombia, Bolivia, por ejemplo, continúen por años en el modelo colectivista.

De allí la virulencia de los bloqueos de carreteras que buscan quebrar la producción y cerrar los mercados, con objeto de ahogar el modelo económico que, durante tres décadas, ha triplicado el PBI, ha reducido la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia (hoy este flagelo se sitúa en 25%) y ha logrado el mayor momento de inclusión económica y social de nuestra historia. Si el modelo falla y continúan los bolsones de miseria y pobreza en provincias del sur es por el fracaso del Estado en la redistribución de la riqueza aportada por los privados.

Por todas estas consideraciones, en el Ejecutivo y en el Congreso debe existir plena claridad con respecto a que la defensa de la Constitución, el Estado de derecho y el modelo económico representan una unidad indisoluble. Es casi imposible defender el Estado de derecho y promover el estatismo, las expropiaciones y el control de precios. Y también se debería entender que el principal objetivo del destructivo gobierno de Castillo, de la violencia insurreccional y la quiebra del aparato productivo, ha sido ahuyentar la inversión privada, tal como ha sucedido en Chile con la violencia y el perpetuo momento constituyente.

En ese sentido, ¿qué se debe hacer para lanzar un shock de confianza para relanzar el modelo? En primer lugar, restaurar plenamente el Estado de derecho. El Ministerio Público y el Poder Judicial deben identificar y procesar a todos los violentistas que han hecho trizas la Constitución y el Estado de derecho a través de la violencia. No puede ser que minorías violentistas prosigan convocando paros y violencia en el corredor minero del sur, en donde se produce más del 50% de cobre nacional.

Por otro lado, el Ejecutivo y el Congreso deben proceder a derogar los decretos laborales promulgados por el Gobierno de Castillo, que buscaban eliminar la tercerización laboral, promover artificialmente sindicatos en fábricas, ramas y grupos empresariales, y liberalizar en extremo el derecho de huelga. El objetivo era claro: promover los conflictos en las inversiones existentes y ahuyentar la inversión. 

Igualmente, el Congreso debería restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria (ley 27360), que organizaba regímenes tributarios y laborales especiales con el objeto de fomentar inversiones y la contratación masiva de empleo formal.

Asimismo, la idea de preservar el modelo económico significa recuperar los criterios de la disciplina fiscal y gasto público que se perdieron durante el Gobierno de Castillo. Se debe preservar el sistema privado pensiones del Perú –el mayor ahorro privado nacional y fuente de inversión en diversos sectores– y evitar las tendencias populistas que promueven retiros supuestamente a favor de los emergentes, no obstante que solo 25% de los empleados aporta a un sistema previsional (no así la inmensa mayoría de informales).

En la defensa del modelo económico, pues, también se juega la defensa del Estado de derecho.