Los retos de la reforma previsional

En el Perú es evidente que el sistema previsional no funciona. No solo porque en la Oficina Nacional Previsional (ONP) no se garantizan las futuras jubilaciones de los aportantes, sino también porque solo el 25% de los trabajadores contribuye a un sistema de pensiones, ya sea en el privado administrado por las AFP o en el estatal mediante la ONP.

Al respecto los datos son estremecedores. Según estudios del Instituto Peruano de Economía (IPE), dos de cada tres afiliados de la ONP no tendrá una pensión de jubilación porque no lograran los 20 años de aporte que se requiere para acceder a una jubilación en el sistema. Pero eso no es todo. Aproximadamente un tercio de las pensiones de la ONP se pagan con los impuestos de los contribuyentes.

Al lado del sistema estatal de pensiones está el privado que administran las AFP a través del sistema de cuentas individuales y el modelo solidario de Pensión 65. Al respecto vale señalar que los consensos iniciales con respecto a la reforma previsional, que se está desarrollando entre los especialistas, y que también se desprenden del informe que acaba de elaborar la Comisión de Protección Social (CPS), formada por el Gobierno en enero, apuntan a dos temas: las cuentas individuales y el problema de la informalidad laboral.

Una de las aproximaciones tiene que ver con la idea de que la reforma del sistema de pensiones solo puede funcionar en base a las cuentas individuales de los aportantes, descartando el sistema de reparto estatal, en el que todos los trabajadores activos aportan a un fondo común con el objeto de pagar las jubilaciones de los retirados. El sistema de reparto estatal ha dejado de tener viabilidad, sobre todo porque el desarrollo de las sociedades aumenta la longevidad, mientras disminuye dramáticamente la tasa de natalidad. Semejante realidad desencadena situaciones como el hecho de que un tercio de las pensiones de la ONP se paguen con dinero de los contribuyentes; o los alarmantes forados fiscales de los estados de bienestar en Europa, ante la necesidad de pagar las jubilaciones de un creciente número de retirados.

Otro de los consensos iniciales que se comienza a percibir con respecto a la reforma previsional tiene que ver con la necesidad de superar la limitada cobertura de las pensiones en una sociedad en la que más del 70% de la fuerza de trabajo es informal, debido a los sobrecostos asfixiantes de la legislación laboral. La informalidad de la sociedad y del trabajo es uno de los muros más altos que debe superar la reforma previsional.

Ante la situación de la informalidad en el trabajo, la Comisión de Protección Social está proponiendo que los trabajadores participen del sistema previsional mediante una inscripción automática a través de los consumos y pagos en telefonía, electricidad, agua e impuestos municipales. Los aportes se destinarían a cuentas de capitalización individuales iguales a las administradas por las AFP

Finalmente, otro de los consensos iniciales para la reforma de pensiones tiene que ver con las propuestas de integrar la ONP, las AFP y Pensión 65 en un solo sistema previsional. Sobre el tema, el IPE ha planteado explícitamente la desaparición de la ONP y la migración de los afiliados a una de las AFP existentes o a una AFP estatal por crearse.

En cualquier caso el movimiento hacia la reforma previsional empieza a andarse porque todos parecen entender que no hay un proyecto integral de desarrollo sin una propuesta de sistema previsional viable. Otro hecho interesante tiene que ver con que todas las propuestas señalan la necesidad de reformar la rígida y costosa legislación laboral del Perú que los políticos se niegan a cambiar.