Los logros históricos de la actual ley de minería

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se reunió en Arequipa con los gobernadores regionales del sur y las autoridades locales. Sorprendentemente, Vizcarra se comprometió a revisar la licencia de construcción del proyecto Tía María y a elaborar una nueva ley de minería porque la actual —según el presidente— “es obsoleta”, “tiene más de 30 años”. ¿Se puede explicar que el PBI se haya triplicado y se haya reducido pobreza del 60% de la población a solo 20% sin la Ley General de Minería?

Hoy la minería peruana es de talla mundial; es decir, responsable con el medio ambiente y con las comunidades de influencia directa e indirecta. La producción minera representa el 10% del Producto Bruto Interno (PBI). Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en 2018 las exportaciones mineras sumaron US$ 29,451 millones, que representaron el 60.2% de las exportaciones totales del país. Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), “de seguir explotando y poniendo en marcha nuestro potencial minero hasta el 2050, estaríamos generando ventas acumuladas de US$ 2,700 miles de millones. De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE), “el 28% del valor de las exportaciones, queda como beneficio para el Estado Peruano”. Con esto, al 2050 —según INGEMMET—- US$ 758,000 millones quedarían como beneficio para el Estado. Con esto, fácilmente la reducción de pobreza alcanzaría un dígito y el crecimiento del producto hasta de dos dígitos. 

El canon minero, que corresponde al 50% de la renta que declaran las mineras, se transfiere a las regiones, a los gobiernos locales y universidades. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en 2018 el aporte por canon fue de S/ 3,158 millones. En febrero pasado, las regiones, provincias y distritos donde se desarrolla minería recibieron un adelanto de 60% de esta cantidad para la ejecución de obras. En los últimos 23 años un total de S/ 44,999 millones, por concepto de canon, han sido distribuidos a las regiones mineras del país. 

 Según José Beteta, de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), los recursos del canon —por ser recursos extraordinarios— deberían ser invertidos por las autoridades locales y regionales en obras también extraordinarias, como plantas de saneamiento y agua potable y electricidad, entre otras obras de infraestructura productiva que permita a los pobladores mejorar su situación económica y social. Sin embargo, un 55% —en promedio nacional— de estos recursos son utilizados en gasto corriente y en “obras” que no tienen ningún significado. Por esta razón, los pobladores reclaman a las empresas mineras obras para sus poblados, en lugar de reclamarles a las autoridades. Además, el 5% del canon está destinado a las universidades. Por este concepto, en 2018 S/ 154 millones fueron transferidos a las universidades nacionales.

Las regalías están contribuyendo a la reducción la pobreza, el desempleo y la informalidad. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) regiones como Ancash y Apurímac, han aumentado, en promedio, hasta en 2.5 veces más sus presupuestos. Compañías como la canadiense Hudbay suscriben acuerdos de cooperación voluntaria con las comunidades de hasta S/ 3 millones cada año. Por ejemplo, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Livitaca (provincia de Chumbivilcas en Cusco), un nuevo sistema de riego por aspersión —una inversión de S/ 1.4 millones, en los campos de Accho y Cochapata (comunidad Unión Kora)— está regando 60 hectáreas de cultivo. En la comunidad campesina Quehuincha, también en Livitaca, otra obra similar contribuye al desarrollo de la agricultura local.  

Con el proyecto Tía María, el producto nacional se incrementará en 0.4%. Con los S/ 5,600 millones por canon y regalías, en 20 años se puede construir siete hospitales y 17 centros de salud, 183 colegios, 220 kilómetros de redes de agua potable, 300 kilómetros de vías asfaltadas y cuatro millones de metros cuadrados con sistema de riego tecnificado. Arequipa será la gran beneficiada: S/ 273.4 millones cada año por canon y regalías; la provincia de Islay, más de S/ 100 millones al año. 

Vale decir que existe en el país una tremenda confusión respecto a las actividades mineras. La población todavía cree que la minería sigue siendo la tradicional; como la estatal Centromín Perú y sus unidades productivas, que por décadas no tuvieron consideración con el medio ambiente. Eso ya no existe. En los noventa se promovieron normas para el cuidado de la naturaleza. Manuel Pulgar Vidal, ex ministro de Medio Ambiente (Minam) estableció en el país las normas ambientales más exigentes del planeta, entre las cuales están los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). Por esta razón, el ex ministro es ahora un burócrata internacional del ecologismo. 

Lamentablemente, Vizcarra se rinde ante la izquierda antiminera y su afán de destruir el bienestar de los peruanos.