Los derrames de petróleo y el papel de las ONG

Salvith Ojanama López, coordinadora de la Federación de Comunidades Indígenas del Marañón, ha señalado que en los derrames de petróleo —el 60% de ellos producidos por cortes intencionados en el Oleoducto Norperuano (ONP)— existen intereses económicos. En la Red de Comunicación Regional (RCR), la dirigente ha señalado que detrás de la resistencia de los comuneros, que bloquean el mantenimiento del ducto, están los asesores vinculados a las ONG del ambientalismo ideológico 

Ojanama también denuncia a los funcionarios de los ministerios enviados al Marañón, dedicados a obstaculizar los proyectos acordados con las comunidades. “Hay gente involucrada por dinero. Presionan para que el Estado financie la elaboración de sus proyectos para las comunidades. Extorsionan a las empresas y autoridades. Incluso adiestran a los hermanos indígenas para realizar ciertas declaraciones”, señala la dirigente. 

Los comuneros de Mayuriaga impiden los trabajos de mantenimiento, programados de manera urgente, en 15 puntos críticos del ONP. Personas extrañas azuzan a los pobladores en contra de las petroleras y las autoridades. Han logrado paralizar el aeropuerto de Andoas, reteniendo en contra de su voluntad a más de 2,000 trabajadores de la zona petrolera. 

Según Petroperú, por los derrames de petróleo en los últimos años ha gastado US$ 100,000 cada año. Los actos de sabotaje son ocasionados por los pobladores de las comunidades con el fin de cobrar indemnizaciones por contaminación y para que ellos mismos realicen las reparaciones. Incluso descaradamente, cuando se ha iniciado un derrame de petróleo, los comuneros impiden el ingreso de los técnicos de Petroperú encargados de realizar las reparaciones; porque si el derrame es mayor, las indemnizaciones también son mayores. 

Con la Ley Nº 30993, de reciente promulgación, se pretende revertir esta situación de desorden, crimen e impunidad que rodea al ONP, y en la que están comprometidas las dirigencias de las comunidades. La ley declara de interés nacional el Proyecto de Afianzamiento y Modernización del Oleoducto Norperuano. El objetivo del proyecto es “incrementar la capacidad de transporte y rentabilidad del ONP y garantizar el abastecimiento permanente de petróleo en el mercado interno”. Con la norma se podrá reparar y reemplazar partes de la tubería donde sea necesario y modernizar la Estación 5, estación técnica y de bombeo. Por tratarse de un activo nacional, la Estación 5 deberá contar con vigilancia satelital para detectar en tiempo real la presencia de extraños alrededor del ducto y prevenir actos de sabotaje. Para esto se prevé un destacamento militar en el lugar. 

El sector petrolero peruano está en crisis, y el 47% de la demanda nacional de petróleo es importada. El Estado compra anualmente más de US$ 500 millones de petróleo para compensar esta demanda. La exploración y explotación de los recursos de hidrocarburos están estancadas. Si no hay exploraciones petroleras no hay valoraciones comerciales; si no existen proyecciones relacionadas con las exploraciones petroleras no hay sustento para las inversiones. Por esto, la refinería de Talara terminará siendo un elefante blanco, un monumento al derroche nacional. Un total de US$ 5,000 millones, incluido gastos financieros, quedarán inmovilizados. La refinería, con un 74% de avance, necesita para continuar la obra US$ 1,000 millones que el Estado no tiene.

¿De donde saldrá los US$280 millones estimados para reparar y modernizar el ONP? Si las operaciones en el ducto se detienen por la falta de mantenimiento, por la resistencia de los dirigentes indígenas presionados por los asesores “de Lima”, las consecuencias para el país serán graves. Además, Loreto se quedaría sin canon, perjudicando el presupuesto de la región. Si el gobierno de Martín Vizcarra no garantiza la seguridad de los escolares y profesores en la provincia de Islay, atacados brutalmente con piedras por los antimineros, menos podrá garantizar la intangibilidad del ONP.