En el Perú, hablar de conectividad es hablar de desigua...
El Congreso no deja de sorprender a quienes seguimos creyendo que existe un régimen económico establecido en la Constitución de 1993, y que las decisiones políticas y económicas deben ajustarse al texto constitucional. En el preciso momento en que las líneas aéreas más grandes del planeta entran en crisis por la pandemia y la recesión, la Comisión de Transportes del Congreso acaba de aprobar una iniciativa que declara de interés nacional la creación de una línea aérea nacional.
El proyecto, que parece la iniciativa de un Congreso chavista, incluso propone que la línea aérea nacional tenga un capital inicial de US$ 75 millones –distribuidos en acciones de US$ 1 millón– que serían pagadas por las regiones a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Se habla de que el capital privado podría aportar hasta el 65% del accionariado. Es evidente que los nueve congresistas que votaron a favor de esta iniciativa en la Comisión de Transportes no saben que las más grandes aerolíneas del planeta se acercan a la quiebra y que, por lo tanto, es difícil que haya aporte privado. Pero lo más grave es que los mencionados congresistas ignoran que el artículo 60 de la Constitución establece que el Estado solo puede realizar actividad empresarial de manera subsidiaria frente al sector privado.
¿Por qué la Carta Política de 1993 suprimió el estado empresario; es decir, la posibilidad de crear empresas estatales al margen del criterio de subsidiariedad? Por la sencilla razón de que luego de una década de velascato, en que se crearon más de 200 empresas estatales, las pérdidas del fisco en este rubro pasaron de US$ 54 millones a cerca de US$ 2,500 millones. Es decir, el fracaso se multiplicó en más de 50 veces. Ese fracaso del estado empresario le costó al país cerca del 10% del PBI.
Durante el velascato, el Estado se encargó casi de todo: de distribuir leche, arroz y azúcar; de los teléfonos, de la electricidad, del turismo y de todo lo demás. No había espacio para la inversión privada. Y, como en Venezuela, faltó de todo. En los ochenta los peruanos fuimos los fundadores en América Latina de las colas de arroz, leche e incluso papel higiénico. Y como la pobreza sobrepasó el 60% de la población, igualmente, comenzamos a comernos nuestras mascotas. Es decir, lo que sucede hoy en Venezuela pasó en el Perú, con mayúsculas y minúsculas.
Si hay alguna duda, existe un dato que revela la magnitud de la tragedia económica y social que desencadenó el estado empresario: en un informe del BCR, elaborado por Luis Gonzalo Llosa y Ugo Panizza, se establece que el PBI per cápita registró un promedio de crecimiento de 0% durante 30 años como consecuencia de “las grandes transformaciones del velascato”.
Cualquiera sea el ángulo de análisis, no hay justificación para el estado empresario que promueven las izquierdas comunistas. Sobre todo con la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar un régimen económico anticapitalista que consagre el estado empresario.
Cuando el Estado se encargaba de la luz, casi nadie tenía luz eléctrica. Cuando el Estado estaba a cargo de los teléfonos a esta herramienta tecnológica solo accedían los ricos y quienes tenían conexiones con el poder político. A veces ni siquiera tener US$ 2,000 era suficiente para conseguir un teléfono. Se tenía que ser amigo del presidente de turno, del ministro, del congresista o del funcionario de la empresa estatal.
El Estado empresario, pues, fue la suma de todas las lacras. Y ahora un puñado de congresistas desinformados pretende resucitarlo contraviniendo artículos expresos de la Constitución.
Resucitar el estado empresario no solo sería una fuente permanente de déficit fiscal e hiperinflación, sino también se convertiría en un espacio de clientela política y de ineficiencia económica. El Estado estaría obligado a cubrir los huecos fiscales que dejarían los burócratas estatales y sus amigos. Pero no solo eso, inevitablemente las empresas estatales que sirven a los amigos del poder buscarán que se controle precios y mercados, porque es la única manera como estas entidades pueden tener viabilidad por cierto tiempo.
En cualquier caso, es una gigantesca paradoja. Cuando las líneas aéreas más grandes del planeta comienzan a quebrar, cuando el Estado no puede comprar respiradores ni menos vacunas para salvar vidas (pese a tener recursos), nueve congresistas quieren su línea aérea propia. Devastador.
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