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La decisión del Congreso de no aprobar una nueva ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (Ley MAPE) que establezca el concepto de “concesiones ociosas” (concesiones no aprovechables) y el criterio de la servidumbre minera a favor de quienes invaden y asaltan concesiones formales es uno de esos momentos que quedarán a favor de la memoria de este Legislativo tan vapuleado. Las otras decisiones que forman el saldo positivo de este Congreso –como ya sabemos– están en la vacancia de Pedro Castillo frente al intento del golpe de Estado y de instalar una asamblea constituyente, la elección de los nuevos miembros de Tribunal Constitucional, la elección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, entre otras decisiones.
Si bien el Congreso tiene un saldo muy negativo por los escándalos de los mochasueldos y las normas populistas y demagógicas aprobadas, vale aplaudir con gran sinceridad la decisión de haber evitado una nueva Ley MAPE que hubiese alentado las tomas de minas y la destrucción del sistema de propiedad minera, una de las columnas del modelo económico de las últimas tres décadas y una de las herramientas de todas las potencias mineras del planeta (Canadá, Australia, Chile).
El proyecto de ley MAPE pretendía establecer el concepto de concesiones ociosas o no aprovechables para legalizar todas las invasiones que se desarrollan sobre las reservas probadas de las concesiones que las empresas formales han encontrado luego de años de inversión en exploración. En efecto, las invasiones en la provincia de Pataz en La Libertad y los asaltos de minas en el corredor minero del sur se producen en alrededor del 10% de las reservas probadas de las concesiones que el populismo minero, la demagogia radical, llama concesiones ociosas.
Como lo sostenemos, si se hubiese aprobado una ley MAPE con esos criterios se habría abierto la puerta para un proceso revolucionario que habría empezado con la toma de minas de las grandes concesiones formales por los sectores de la minería ilegal. Sin embargo, frente a tanta riqueza sin soberanía estatal (es decir un viejo Oeste) lo más probable es que las organizaciones criminales nacionales e internacionales hubiesen aparecido en la escena afectando a los propios invasores. Es decir, la destrucción de la sociedad a partir de una riqueza que debe ser explotada y desarrollada de acuerdo a la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales.
¿Por qué el concepto de las concesiones ociosas solo favorece a la minería ilegal? Desde las reformas de los noventa el Perú se embarcó en una estrategia de minería moderna: convocar inversiones con alta intensidad de capital y tecnologías de punta con el objeto de elevar la productividad de la explotación del recurso y, sobre todo, preservar el medio ambiente con tecnologías limpias y de estándares mundiales.
Para desarrollar esta política las concesiones mineras en promedio tienen más de 10,000 hectáreas sobre la base de los hallazgos iniciales del mineral. La empresa concesionaria tituliza la concesión y acude al sistema financiero internacional para conseguir entre US$ 1,200 millones y más de US$ 5,000 millones (ninguna corporación seria tiene esa cantidad en la caja). Conseguido el dinero empieza a explotar el mineral en el área de las reservas probadas; sin embargo, en el acto, la empresa empieza un proceso de exploración incansable con el objeto de alargar la vida de la mina e incrementar la rentabilidad corporativa luego de pagar las obligaciones.
Con esta lógica de incesante exploración surgen las potencias mineras, se incrementan las reservas probadas de un país y se aumentan los recursos fiscales de una sociedad. Es en este contexto en que se debe discutir una nueva estrategia de formalización de la pequeña minería y cualquier modificación legal del sistema de propiedad minera. De lo contrario, solo desarrollaremos una posición populista, irresponsable, que fomentará la minería ilegal y la destrucción del modelo económico.
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