Las agroexportadoras comienzan a emigrar del país

Colombia es el destino de las nuevas inversiones de las agroexportadoras peruanas que abandonan el país por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, y por el temor legítimo a un probable gobierno estatista y colectivista desde el próximo 28 de julio. Como sabemos, la mencionada ley establecía un régimen tributario especial para fomentar nuevas inversiones y una permanente reinversión, y también un sistema laboral flexible. La norma derogada fue un instrumento valioso para la reducción de la pobreza y la formalización del empleo en las zonas rurales.

Desde hace 4 años, considerando escenarios adversos a las inversiones en el agro, Agrícola Cerro Prieto invierte y trabaja en 300 hectáreas en Colombia –con expectativas de alcanzar 1,500 hectáreas– para incrementar la producción exportadora peruana. De igual manera, la agroexportadora Camposol produce paltas en Colombia y mandarinas en Uruguay. El Complejo Agroindustrial Beta evaluará emigrar del país después de la segunda vuelta electoral. 

En el valle de Cauca, en Colombia, por lo menos cinco empresas peruanas producen paltas Hass. El expertise nacional comienza a emigrar, no obstante que en el Perú las inversiones en agroexportación apenas sobrepasan las 250,000 hectáreas, en un territorio nacional con potencial agrícola de 7.6 millones de hectáreas. Para todos es un orgullo nacional que empresas nacionales se internacionalicen, pero causa un enorme dolor cuando existe tanta tierra para invertir y tanta pobreza por reducir en el Perú.

El daño causado por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria –impulsada por la actual mesa directiva del Legislativo, así como por el Ejecutivo y el Ministerio de Economía– podría ser revertido de inmediato por el próximo Congreso, si restableciera la Ley de Promoción Agraria. Sin embargo, si gana la coalición de corrientes comunistas que representa Pedro Castillo todo será irreversible. El efecto sería devastador para el futuro de las agroexportaciones. En el acto, el Perú perdería todos los mercados de exportación conquistados en los cinco continentes, cerca de un millón de trabajadores formales se quedaría en la calle y los US$ 7,500 millones exportados anualmente se convertiría en un triste recuerdo para un agro empobrecido.

Con la destrucción de las inversiones agrarias, el segundo sector en exportaciones después de la minería, las tierras de las agroexportaciones tornarían en los tradicionales minifundios que solo perpetúan la pobreza. Y con la generalización del minifundio aumentaría la dependencia de los campesinos de las políticas clientelistas del Estado.

De otro lado, el candidato del lápiz se ha opuesto a los tratados de libre comercio (TLC). Eliminar los tratados de libre comercio pondría al Perú fuera del círculo mundial de productores agropecuarios. La elaboración y posterior firma de los TLC toma años por su alta especialización, tecnicismos internacionales y competencia de profesionales de mayor nivel. Sin esos TLC, el Perú perdería el título mundial de proveedor confiable de 600 variedades de frutas y verduras. 

El plan de estatizaciones y expropiaciones de Perú Libre provocará la huida de las grandes inversiones y el congelamiento de las iniciativas económicas pequeñas y medianas. El estado colectivista y totalitario de Castillo y Vladimir Cerrón, dueño de Perú Libre, no soportará la demanda nacional de trabajo, alimentos, educación, salud, transporte o energía. Por la mala decisión de los electores, Perú perdería su futuro.