¡Las agroexportaciones peruanas comenzaron a desplazar a las chilenas!

El ex ministro de Agricultura de Chile y presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de ese país, Antonio Walker, durante una entrevista con el periodista Tomás Mosciatti de Bio Bio TV, sostuvo que el Perú ha despertado y ha comenzado a desplazar en algunos mercados a las agroexportaciones chilenas, que acumulan tres décadas de inversiones y consolidan un modelo agroexportador que inspiró a la agricultura moderna peruana. En nuestro país, como todos sabemos, las agroexportaciones nacionales suman dos décadas de avances y logros.

Las agroexportaciones chilenas en la actualidad representan US $18,000 millones, una cantidad equivalente al 3% del PBI, pero con incidencia directa en el desarrollo de cerca del 11% de la economía. La agroindustria chilena, según datos proporcionados por el propio Walker, emplea a más de un millón de trabajadores. Si miramos los países de la región, salvando las distancias con la Argentina y Brasil, cualquiera palidecería frente a los resultados de las agroexportaciones chilenas.

Sin embargo, en el Perú durante dos décadas de vigencia de la Constitución de 1993, de los 22 tratados de libre comercio y la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), las agroexportaciones crecieron de US$ 627 millones en el 2001 a más de US$ 10,000 millones en el 2022. Un crecimiento impresionante a igual velocidad que las agroexportaciones sureñas. En el Perú se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se contrató a más de un millón de trabajadores entre empleos directos e indirectos.

Durante la entrevista, el ex ministro Walker señaló que las agroexportaciones peruanas han comenzado a ganarle a las chilenas en espárragos, paltas, cítricos, uva de mesa y arándanos. Ante la revelación, Mosciatti le preguntó si los peruanos se están quedando con los mercados conquistados por los chilenos y Walker respondió afirmativamente. Y agrega que si Chile no enrumba el camino en el respeto irrestricto a la propiedad privada y la promoción de los acuerdos comerciales, entonces Perú ganará la legítima y constructiva batalla por los mercados.

Sin embargo lo que no estaba en las reflexiones del ex ministro Walker y Mosciatti es que en el Perú un movimiento antiperuano y en contra la agricultura moderna, sorprendentemente y sin ninguna justificación, derogó la Ley de Promoción Agraria, que consagraba regímenes tributarios y laborales especiales, que posibilitaron captar inversiones y generar empleo formal de calidad. El absurdo histórico y antinacional se produjo durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción también provisional de Mirtha Vásquez de la mesa directiva del Legislativo.

En la derogada ley se establecía que el sector agrario pagaba 15% por concepto de renta. Sin embargo, las izquierdas comunistas “denunciaron” que no pagar igual que las mineras y demás corporaciones (sobre el 30%) conspiraba en contra de la recaudación fiscal. Una verdadera locura. Si en dos décadas las agroexportaciones se han incrementado en más de 1000% y se han captado más de US $20,000 millones en inversiones, ¿a quién se le ocurre plantear que la masa imponible del sector se ha reducido? Una clara campaña antinacional que solo buscaba acabar con las inversiones modernas en el sector. Por otro lado, con la derogatoria del régimen tributario especial, se ha anulado la posibilidad de formalizarse a más de dos millones de parceleros que conducen el 95% de las tierras dedicadas a la agricultura.

Igualmente, la derogatoria del régimen de flexibilidad laboral que ha permitido contratar a más de un millón de trabajadores anualmente, de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura (siembra, cosecha y mantenimiento), es un golpe extremadamente duro para el empleo formal. 

Los efectos de la derogatoria de la Ley 27360 comienzan a sentirse en el sector: no se conocen de nuevas inversiones. Y si bien los envíos hasta al exterior seguirán creciendo en el 2023 por la inercia de las inversiones previas, desde el 2024 las cosas comenzarán a declinar.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria. No hay argumento en contra válido y atendible.