La violencia en el sur y las batallas contra la informalidad

Desde Puno y algunas provincias ha comenzado a surgir un relato acerca de que los Andes alimentan a Lima y que toda la riqueza de los minerales se la llevan las empresas extranjeras. Sin embargo, Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la UPC, ha señalado que Lima y la costa representan el 80% del PBI nacional mientras que la sierra y la selva apenas el 20%. En el acto surge una pregunta acuciante: si los Andes están llenos de cobre, oro y otros minerales, ¿cómo la sierra puede sumar con la selva apenas el 20% del PBI? La respuesta de Adrianzén es que, efectivamente, ese 20% proviene, principalmente, del aporte minero, porque el resto de la economía y la sociedad está sumergida en informalidad. 

Más del 60% de las utilidades de las empresas mineras se quedan en el Perú y la mitad del pago del impuesto a la renta de la minería se distribuye a las regiones mediante el canon. El aporte de las mineras, entonces, mal que bien está en las regiones (más allá de que no se invierta ni se gaste con eficiencia) y, de una u otra manera, forma el grueso del 20% de aporte al PBI de la sierra y la selva del que habla Adrianzén.

El problema, entonces, de las provincias sureñas está en la falta de Estado de derecho, de instituciones y legalidad. Es decir, uno de los principales problemas del sur se expresa en los altos niveles de informalidad económica y social. En este contexto, la minería forma verdaderos enclaves de riqueza y prosperidad rodeados de enormes masas de informalidad y pobreza: la gente produce para la sobrevivencia, no tributa ni recibe servicios adecuados: salud, educación, carreteras, sistemas de agua y desagüe, electricidad, entre otros.

Al respecto, vale recordar que el Perú es uno de los países con más altos índices de informalidad de la región, considerando que se trata de una sociedad de ingreso medio. Los niveles de informalidad abarcan el 60% de la economía nacional, según diversos estudios, mientras que en las relaciones laborales la extralegalidad oscila entre el 70% y el 80% de la población empleada. En las provincias y regiones del sur la informalidad supera el 80% de la economía, en tanto que en Puno sobrepasa el 90%. 

En otras palabras, la informalidad debe considerarse como el fenómeno que mejor refleja las relaciones entre el desarrollo y la pobreza. Bajo estos criterios, el sur del país es el área con más alta informalidad y no es de extrañar que concentre los mayores niveles de pobreza nacional (por encima del promedio nacional de 25% de la población)

Es evidente entonces que luego de la derrota de la violencia insurreccional contra la Constitución y el Estado de derecho –que se desató en el país luego del golpe fallido de Pedro Castillo– el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales y las élites políticas en general deberían iniciar una gran discusión sobre cómo hacer para reducir los altos niveles de informalidad del país. Si bien la violencia no está conectada directamente a la exclusión económica y social (depende de la estrategia de los núcleos bolivarianos), si convoca la atención el hecho de que las provincias en donde hubo más violencia son precisamente las más informales.

Enfrentar la informalidad, pues, es un problema del proyecto del país en el mediano plazo. Pero igualmente tiene mucho que ver con la coyuntura, con la estrategia del Estado para recuperar gobernabilidad en el sur. Por ejemplo, necesitamos un shock de inversiones (una especie de Plan Marshall) para que las provincias sureñas superen los retrasos en infraestructuras y aumentar la productividad de esas áreas: carreteras, sistemas de agua y desagüe, centros médicos, escuelas y electricidad.

Igualmente algo se debe hacer con el sistema tributario para promover la formalización de toda la sociedad emergente de esas regiones. Por ejemplo, unificar y simplificar los cuatro regímenes tributarios considerando la posibilidad de reducir impuestos. De la misma manera, se debe discutir cómo reformar el sistema laboral que, con sus costos y sobrerregulaciones, parece una legislación alienígena para los emprendedores del sur.

En síntesis, el sur debe convertirse en el laboratorio de una reforma del Estado de abajo hacia arriba. No hay otra manera de recuperar la gobernabilidad y salvar la peruanidad.