En el corredor minero del sur –que integran las regiones...
Uno de los mayores daños a la economía nacional en las últimas décadas –junto a los decretos laborales del fallido Gobierno de Castillo– fue la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, Ley N° 27360, durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción provisional del Legislativo de Mirtha Vásquez. Ante la presión de algunas centenas de vándalos que bloquearon la Panamericana Sur se derogó una ley que, en 30 años, permitió que las agroexportaciones se incrementaran de US$ 621 millones a más de US$ 10,000 millones en el 2022, que posibilitó convocar inversiones por más US$ 20,000 millones y fomentó la contratación formal de más de un millón de trabajadores, directos e indirectos.
Una ley, además, que explica que la pobreza en las regiones agroexportadoras se haya reducido por debajo de la media nacional. La derogatoria de la Ley N° 27360 eliminó los regímenes tributarios y laborales especiales que posibilitaron la promoción de inversiones y la reducción de la pobreza. Sin embargo, no solo se eliminó la flexibilidad laboral, sino también se desarrollaron magias y hechizos para “mejorar la situación de los trabajadores”: se estableció una Bonificación Especial para el Trabajador Agrario (BETA) del 30% sobre la remuneración mínima vital nacional. Ahora, cada vez que se incrementa el salario mínimo, la remuneración agraria aumenta en 30% más.
Uno de los resultados directos de la BETA que consagra la nueva Ley N° 31110, es el fin de nuevas inversiones en agroexportaciones. Si bien el 2023 las agroexportaciones sumarán más de US$ 11,000 millones –aumento debido al incremento de productividad de los actuales cultivos–, desde el 2024 no habrá más crecimiento. ¿Por qué? No hay nuevas inversiones. ¿Y cómo va a haber nuevas inversiones si los costos laborales suman más del 50% de los emprendimientos y, de pronto, un Gobierno afiebrado señala que, más allá de la realidad económica, más allá de la productividad del sector, el salario se incrementa en un 30%? Es obvio que todo tiene que parar, todo tiene que ser destruido.
¿Cómo fue posible semejante barbarie económica? A la base de este despropósito está la guerra cultural que desarrollan las izquierdas y las corrientes comunistas que señalan que la riqueza es producida por los trabajadores; o el llamado “trabajo social”, del que suelen hablar los chamanes y magos del marxismo. Si la riqueza de una sociedad o de un país fuera producida por los trabajadores, entonces, solo habría que crear miles de empresas estatales y poner a trabajar de manera frenética a los 33 millones de peruanos y asunto resuelto.
En los ex países de la Unión Soviética del siglo pasado, durante el velasquismo en el Perú y en los actuales regímenes chavistas, "los trabajadores se encargan de producir riqueza" a través de empresas estatales, pero solo han creado inmensas fábricas de pobreza y miseria. ¿Por qué? Porque los productos no se venden y se destruyen, rechazados por los consumidores. Si produces mil televisores que no se venden, solo has creado pobreza.
Hasta hoy los comunistas, colectivistas y progresistas no entienden que la riqueza solo proviene del precio que se forma en base a la oferta y la demanda de los consumidores. Y es conocido que los mejores precios solo los obtienen los innovadores y los empresarios capaces de sintonizar con la demanda y la inquietud de los compradores, tal como sucede con las más de 600 variedades de frutas y hortalizas de nuestra oferta agroexportadora.
La destrucción del milagro agroexportador peruano, entonces, también proviene de la guerra cultural que nos ha vendido la brujería del “trabajo social” como fuente de la riqueza, y que demoniza a los empresarios, a los innovadores. Es decir, a los únicos actores que han creado riqueza en la historia de la humanidad.
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